Oaxaca de Juárez, Oax., 6 de enero de 2026.- Desde el primer mensaje, la dirigencia priista trazó una línea directa entre lo que hoy ocurre en Venezuela y las prácticas que, advirtieron, comienzan a normalizarse en México: debilitamiento institucional, intromisión del poder en los procesos democráticos y un gobierno que evade responsabilidades detrás del discurso.
Ricárdez abrió su posicionamiento refiriéndose a la crisis venezolana como un espejo incómodo. Señaló que ningún gobierno puede sostenerse legítimamente cuando desconoce la voluntad popular, cancela libertades y somete a las instituciones al capricho del poder. Desde Oaxaca, sostuvo, el PRI alza la voz para exigir el respeto a los resultados electorales, la liberación de presos políticos y la reconstrucción democrática en Venezuela, pero también para advertir que esos mismos errores no deben repetirse en México. “Lo que hoy vemos fuera de nuestras fronteras es una alerta temprana para cualquier país que normaliza la intervención del poder en los procesos electorales”, subrayó.
Ese señalamiento no quedó en el plano internacional. La presidenta priista vinculó directamente el caso venezolano con lo que, aseguró, ocurre en Oaxaca, particularmente en las elecciones por sistemas normativos internos. Denunció la intervención de actores ligados al gobierno estatal en comunidades indígenas, vulnerando su autonomía y alterando la voluntad popular. “La democracia no se defiende con discursos, se defiende respetando la ley”, afirmó, al advertir que imponer intereses desde el poder erosiona la paz social y la confianza ciudadana.
El secretario de Acción Electoral, Edwin Vásquez, reforzó la denuncia con ejemplos concretos. Detalló irregularidades en municipios como Santos Reyes Nopala, Silacayoapam, San Juan Lanana y Santa Cruz Mixtepec, donde, según explicó, hubo presiones de órganos de gobierno, actas incompletas, boletas con inconsistencias y validaciones cuestionables por parte de las autoridades electorales. En algunos casos, dijo, se repusieron procesos solo para terminar imponiendo resultados ilegales.
El tema de la negligencia gubernamental volvió al centro con el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ricárdez fue contundente al rechazar que se trate de un accidente fortuito. Recordó que la Auditoría Superior de la Federación había advertido, desde antes de la puesta en operación, sobre deficiencias técnicas, pagos sin comprobar y ausencia de supervisión adecuada, particularmente en la Línea Z. “Cuando se antepone la prisa política a la seguridad de las personas, las consecuencias son fatales”, dijo, al señalar que hoy hay 14 personas fallecidas y decenas de familias afectadas.
El secretario general del PRI Oaxaca, Jesús Madrid, cuestionó la respuesta oficial ante la tragedia. Criticó que se intente minimizar el hecho con apoyos económicos simbólicos mientras se evita asumir responsabilidades. “El Istmo merece desarrollo real, no anuncios triunfalistas ni obras mal hechas”, afirmó, al advertir que la falta de planeación y mantenimiento ha puesto en riesgo vidas humanas.
Desde el ámbito nacional, el delegado del CEN del PRI, Heliodoro Díaz, acusó que la reducción del 27 por ciento en inversión federal para mantenimiento de obra pública refleja una política de abandono. Señaló que los recursos se destinan al clientelismo y al control político, mientras se descuida la prevención y la seguridad en proyectos estratégicos. “Nadie se hace responsable cuando las cosas salen mal”, advirtió.
El Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, subió el nivel del señalamiento al referirse al llamado trabajo “honorífico” de supervisión de obra pública. Cuestionó que proyectos estratégicos se hayan dejado en manos de figuras sin responsabilidad legal ni rendición de cuentas, mientras las fallas técnicas se acumulan y las tragedias ocurren. “Cuando la supervisión se vuelve simbólica y nadie responde por los errores, el resultado es el que hoy estamos viendo”, advirtió. Díaz sostuvo que esa lógica de simulación permitió que se aceleraran obras sin cumplir estándares mínimos de seguridad y mantenimiento, y remarcó que el país no puede seguir normalizando que nadie firme, nadie supervise de verdad y nadie pague las consecuencias cuando algo sale mal.
Ricárdez también señaló el llamado “Decálogo de Funcionarios” difundido por el gobierno estatal, al que calificó como un ejercicio de simulación. “Cumplir la ley no es un favor ni un acto heroico; es una obligación constitucional”, sentenció, acusando que ese tipo de mensajes reducen la ética pública a propaganda.
La conferencia cerró con un mensaje político claro. Carmelita Ricárdez reiteró su respaldo total al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y sostuvo que el partido seguirá siendo un contrapeso firme frente a la normalización del autoritarismo. “No queremos más simulaciones ni silencios selectivos. El PRI va a seguir señalando lo que está mal, aquí y en todo el país”, concluyó.
El mensaje dejó una advertencia explícita: lo que hoy ocurre en Venezuela no es un fenómeno aislado, sino una lección que México, y Oaxaca, no pueden darse el lujo de ignorar.
