Tres empresas constructoras que participaron en la implementación de la Línea Z del tren Interoceánico, que se descarriló el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, con saldo de 14 personas muertas y más de 100 lesionadas, fueron demandadas de manera formal este día ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lesiones y diversas omisiones en las labores de construcción y rehabilitación del proyecto, que fueron documentadas entre 2019 y febrero del 2025 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
A nombre de una familia integrada por tres sobrevivientes del accidente registrado en Nizanda, Oaxaca, los abogados precisaron que también se promovieron cargos por el delito de abuso de autoridad en contra de quien o quienes resulten responsables, en relación a aquellas entidades gubernamentales y funcionarios que tuvieron la responsabilidad de supervisar y corroborar los correctos trabajos de la obra.
Las empresas citadas en la denuncia son Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante, Daniferrotools, que de acuerdo con la representación jurídica fueron citadas de manera reiterada por la ASF por cometer múltiples irregularidades.
Los promoventes del proceso legal son Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen y su hijo menor de edad Alexis, una familia de misioneros oriundos de Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes viajaban en un vagón que cayó a un barranco luego del descarrilamiento.
Después de ser auxiliados en el lugar de los hechos, Flor y Alexis fueron trasladados al Hospital Civil “Aurelio Valdivieso” de la ciudad de Oaxaca, de donde posteriormente se trasladaron a su lugar de origen.
El representante jurídico de las víctimas, Adrián Arellano, pidió a otros bufetes de abogados sumarse a la representación de todos los sobrevivientes, pues advirtió que para que los lesionados tengan acceso a la justicia deben promover procesos jurídicos, pues el único ilícito perseguido de oficio es el de homicidio.
En conferencia de prensa, el especialista en Derecho resaltó que la ASF detectó diversas irregularidades en la construcción y rehabilitación de las vías del Tren Interoceánico desde 2019 hasta febrero 2025, fecha de la última auditoría.
“Se advierte que hubo una mala supervisión, una mala construcción y, sobre todo, una mala rehabilitación; en este caso, se advierte también que los trabajos por los cuales fueron contratados (las empresas) no existe evidencia fotográfica de las mismas”, dijo.
Descartó que en los procesos penales promovidos aparezcan los nombres de los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Arellano indicó que el objetivo de los denunciantes es que se esclarezca por qué se descarriló el tren y quiénes son responsables.
Reiteró que los tres sobrevivientes “han señalado la voluntad de denunciar el delito de lesiones derivado de estas omisiones tanto de autoridades como de contratistas, así como el delito de abuso de autoridad contra quién o quiénes resulten responsables.
“Sabemos que la Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación y nuestra voluntad y, sobre todo, deseo es colaborar con la misma, ser partícipes activos a través de las víctimas y poder nosotros aportar mayores datos para, efectivamente, saber cuál fue la razón de ese descarrilamiento; es por eso que el día de hoy presentamos esta denuncia”, subrayó.
Abundó que la cantidad de empresas señaladas o incluso funcionarios podría variar a partir del curso que tomen las indagatorias.
Arellanes apuntó que los señalamientos no recaen solamente sobre la Secretaría de Marina (Semar), encargada de la implementación del proyecto, pues desde antes del decreto que le confirió esa responsabilidad a la Semar, ya habían sido señaladas inconsistencias.
“La denuncia que se va a realizar, en primer momento, porque también puede ser que en la investigación resulten más dependiendo de qué línea siga la Fiscalía en primer momento es Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools porque la Auditoría Superior, en su informe, señala que estas fueron las principales contratistas que dieron ese servicio y se advirtió que no existía evidencia alguna del contrato general”, explicó.
“Sabemos que es un asunto con una línea muy delgada sobre el tema político, pero aquí quiero que seamos muy respetuosos porque si lo politizamos vamos a perder las voces de las víctimas en cuanto a lo que buscan, que se esclarezca (el accidente) y sobre todo que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder”, dijo.
“El delito de abuso de autoridad se señala de manera preliminar , (pues), al final del día, la Fiscalía General podrá advertir si esta configuración se actualiza, derivado de que no existe una supervisión en los contratos y esos contratos se dieron sin advertir, efectivamente, ese trabajo realizado y porque la Auditoría Superior es muy clara y en la denuncia lo van a ver: señala que no existe evidencia de los servicios contratados y en consecuencia aquí evidentemente debe haber un establecimiento de qué fue lo que pasó”.
