La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) acusó actos de corrupción y responsabilizó a la Secretaría de Marina (Semar) por el descarrilamiento del Tren Interoceánico registrado el pasado 28 de diciembre que dejó un saldo de 13 personas muertas y más de 100 lesionadas.
En un pronunciamiento, al que también se sumó la Asamblea de la Comunidad Binniza de Puente Madera, el colectivo calificó la contingencia como “un descarrilamiento anunciado de un megaproyecto de muerte”, pues agregó que no se trató de un hecho aislado ni de un evento impredecible.
“Fue la consecuencia directa de un megaproyecto impuesto, militarizado y construido a prisas sobre el desprecio a la vida”, condenó públicamente este 30 de diciembre.
Sostuvo:
Lo decimos con claridad y sin rodeos: este crimen tiene responsables. La Secretaría de Marina es responsable directa por ser la encargada de la planeación, construcción, administración y operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, su tren y parques industriales.
“La SEMAR ha asumido un papel que no le corresponde, actuando como promotora, juez y ejecutora de un proyecto civil protegido por la fuerza armada y operado sin transparencia ni rendición de cuentas”, resaltó.
La APIIDTT indicó que aquel megaproyecto se ha desarrollado mediante esquemas de subcontratación, donde participan empresas favorecidas por redes de nepotismo, corrupción y tráfico de influencias, sin controles reales de seguridad, sin supervisión independiente y sin respeto por las condiciones del territorio.
“Hoy esas decisiones tienen consecuencias concretas: cuerpos heridos, vidas truncadas y familias devastadas”, reiteró.
“Desde hace años advertimos los riesgos del Corredor Interoceánico. Advertimos que la prisa por inaugurar obras, cumplir calendarios políticos y atraer inversiones pondría en peligro a las comunidades y a quienes usaran esta infraestructura. Advertimos que no se puede construir ‘desarrollo’ sobre vías mal planeadas, territorios fragmentados y decisiones impuestas desde arriba. Nadie escuchó”, recriminó.
Agregó que el percance del 28 de diciembre confirmó que el Corredor Interoceánico pone en riesgo permanente a la población.
“La militarización no da seguridad, solo impunidad; que la imposición genera violencia, división comunitaria y muerte; y que este modelo de ‘desarrollo’ necesita criminalizar, perseguir y callar a quienes lo cuestionan”.
Sostuvo que no es casual que mientras avanzan las obras “aumenten la violencia derivada de la disputa entre grupos criminales, y lo más grave, las amenazas, detenciones arbitrarias, procesos judiciales y campañas de difamación contra defensoras y defensores del territorio. No es casual que se utilice al Estado, a la Marina y al sistema judicial para intentar quebrar la organización comunitaria. Es parte del mismo engranaje de despojo”.
En ese sentido, refirió que la Asamblea no aceptará que la “tragedia sea minimizada ni administrada con discursos oficiales. No aceptamos investigaciones simuladas ni promesas vacías mientras el proyecto continúa intacto. Exigimos verdad, justicia, castigo a los responsables, reparación integral a las víctimas y el alto inmediato a este modelo de muerte”.
Subrayó que como el llamado Tren Maya, el tren Interoceánico “nunca fue para los pueblos”.
Abundó: “El transporte disfrazado de pasajeros es solo un pretexto temporal. Su destino real es convertirse en un tren de carga, articulado a puertos, parques industriales, gasoductos y zonas francas. Para ese modelo, nuestras vidas, nuestras tierras y nuestras culturas son un estorbo”.
Asimismo, la agrupación se solidarizó con las familias de las víctimas mortales y sobrevivientes.
