Las denuncias públicas del asedio judicial y la prisión preventiva como subterfugios contra las libertades de prensa y expresión de las y los gobernadores de la “Cuarta Transformación”, han sido expuestas de forma directa en foros internacionales y nacionales por la FAPERMEX y el CONALIPE.
No obstante que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ha exhortado a sus pares Rocío Nahle (Veracruz), Layda Sansores (Campeche), Alejandro Armenta (Puebla) y Salomón Jara (Oaxaca) a cesar las hostilidades, estos han hecho caso omiso. El gremio presenta cuatro casos críticos que ejemplifican este fenómeno:
- Rafael León Segovia (Veracruz): Imputado bajo el delito de “terrorismo” tras un altercado de tránsito; se sospecha que la causa real es su cobertura de nota roja.
- Jorge González Valdez (Campeche): Periodista de 72 años obligado a cerrar su medio y abandonar el periodismo por dos años tras ser denunciado por “delito de odio” por la gobernadora Sansores.
- Rodolfo Ruiz Rodríguez (Puebla): Vinculado a proceso por presuntas operaciones con recursos ilícitos, en un contexto de investigaciones sobre corrupción gubernamental.
- Francisco Alejandro Leyva Aguilar (Oaxaca): Objeto de persecución judicial y exhibición en conferencias oficiales por parte del gobernador Salomón Jara debido a su columna crítica.
El gremio organizado advierte que a los asesinatos y desapariciones (sumando 402 asesinatos desde 1983) ahora se suma este asedio judicial como una nueva táctica de censura. Exigen al Congreso de la Unión y a los gobiernos locales atender la Agenda Legislativa Pendiente del Periodista para blindar el ejercicio informativo.
“¡YA BASTA! Es nuestro grito permanente. La impunidad permite que los enemigos de las libertades burlen la justicia”, concluye el comunicado firmado por Luis Javier Hernández y Teodoro Rentería Arróyave.
