El pasado domingo 14 de diciembre, el municipio de Santiago Ixtayutla, de identidad mayoritariamente tacuate y hablante de mixteco, denunció que vivió una jornada electoral marcada por la violencia y el intervencionismo.
Los pobladores expusieron frente a Palacio de Gobierno que un grupo de “traidores” a la comunidad se alió con habitantes de San Lucas Atoyaquillo para vulnerar los usos y costumbres locales, secuestrando cuatro comunidades mediante el uso de cadenas para impedir el libre sufragio y así imponer a la denominada Planilla Verde, vinculada al Partido Verde Ecologista.
Esta desestabilización social es atribuida a la asesoría de la organización externa EDUCA, a la cual los denunciantes califican de organismo parasitario. Señalan que, bajo el discurso de la protección de los derechos humanos, esta asociación ha lucrado con la división de los pueblos, mencionando antecedentes negativos en el Valle de Ocotlán en 2019 y en el proceso de la presa de Paso de la Reina.
Según los testimonios, EDUCA actúa en complicidad con grupos de poder y estructuras políticas para desarticular la comunalidad a cambio de beneficios económicos.
La denuncia también alcanza a funcionarios de la Secretaría de Bienestar, específicamente a los hermanos Roberto Lino y Araceli Merino Jiménez, quienes son señalados de coaccionar el voto a favor de la Planilla Verde mediante el uso de recursos federales.
Se indica que estas operaciones fueron respaldadas por Dimas Zorrosa Morales, delegado regional de Bienestar en la Costa, violentando la veda electoral y el tejido social de Santiago Ixtayutla para favorecer a personajes que han detentado el poder por décadas mediante la represión de disidentes.
La preocupación de la comunidad se agrava ante la presunta infiltración de redes criminales en el proceso electoral, asegurando que el municipio es codiciado como una ruta estratégica para el trasiego de drogas.
Esta situación ya ha generado consecuencias fatales; la madrugada posterior a la elección, Cirilo Merino Ramírez fue asesinado en la comunidad de Xiniyuba, tras haber estado en el domicilio de Zenón Ramírez Merino, propuesto como regidor de seguridad por la Planilla Verde, lo que rompió un periodo de seis años de paz en la zona.
Finalmente, el movimiento organizado de Santiago Ixtayutla manifestó su respaldo a los líderes Gerardo García Velazco, Antonio Merino Quiroz y Jorge Arroyo Rodríguez.
Exigen que se presenten pruebas legales sobre cualquier señalamiento en su contra y hacen un llamado urgente al Gobierno del Estado y a las organizaciones democráticas para no callar ante la injusticia y el clima de zozobra que amenaza con destruir la identidad y la seguridad del pueblo tacuate.
