Tras una reposición del proceso judicial que había derivado en sentencias condenatorias en su contra, un total de 21 ciudadanos y ciudadanas de El Coyul, Oaxaca, integrantes de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul (fundada en 1972), fueron absueltas de los cargos que se les imputaba por un juez penal de la región del Istmo de Tehuantepec.
Hacemos de conocimiento público que el día 16 de diciembre de 2025, se ha dictado sentencia de absolución en el proceso judicial seguido en contra de las 21 personas defensoras de nuestra comunidad, criminalizadas por su labor en defensa del territorio, informó al respecto la Asamblea de los Pueblos del Istmo.
Sobre los habitantes recaían sentencias de hasta 15 años de prisión acusados del delito de despojo. La organización calificó la resolución judicial como un logro resultado de la resistencia, la organización y la solidaridad de las comunidades, colectivos y organizaciones de derechos humanos que apoyaron la lucha por la defensa de la vida, de las playas, los manglares y la selva del territorio.
La agrupación reiteró que se trató de un triunfo de la defensa de la tierra, de los derechos humanos y de la justicia frente a los intentos de criminalización y despojo.
Asimismo, la agrupación responsabilizó de manera pública a Alfredo Manuel Mena, Alonso, Joel Ricárdez López y Rigoberto Cruz Cartas, de cualquier acción de violencia, hostigamiento, intimidación o intento de agresión contra la comunidad o las personas recientemente absueltas.
Los campesinos defensores de su territorio enfrentan a los integrantes de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul Oax, S.C., considerada ilegal en la comunidad, que pretenden apropiarse de mil 400 hectáreas de playa para construir un complejo turístico privado.
La sentencia absolutoria fue emitida por el juez del Juzgado de Control en Materia Penal de Santo Domingo Tehuantepec, tras la audiencia de alegatos celebrada el 15 de diciembre. El nuevo juicio derivó de un proceso de reposición iniciado en el presente año, posterior a una audiencia de acusación en la que el Ministerio Público llegó a solicitar penas de hasta 15 años de prisión, una multa aproximada de 90 mil pesos y una reparación del daño por cerca de 55 millones de pesos.
Finalmente, denunciaron públicamente la presión y amenazas ejercidas por la contraparte, la cual el lunes pasado bloqueó la carretera federal número 200 como un acto de coacción dirigido tanto a las personas procesadas como a la comunidad en general.
