En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, la Plataforma de Derechos Humanos expuso el clima de violencia, discriminación e impunidad que enfrentan quienes ejercen la defensa comunitaria en el estado de Oaxaca.
De acuerdo con el informe “Criminalización: respuesta del Estado frente a la defensa comunitaria” de Educa Oaxaca, el monitoreo de agresiones en la entidad señala que en los primeros dos años y medio de la actual administración estatal, se registraron **44 agresiones individuales y 70 ataques contra grupos, comunidades y movimientos**.
De estos últimos, **27 fueron catalogados como atentados graves contra la vida**, incluyendo homicidios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Durante el Panel 1 del foro que reunió a activistas, Mariana Patrón, de la Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes, subrayó que la labor de las defensoras se desarrolla en un contexto de violencia estructural, discriminación interseccional, racismo institucional e impunidad sistémica, factores que obstaculizan gravemente el ejercicio del derecho a defender derechos.
Por su parte, Laura Morales, defensora ayuuk de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, habló sobre los retos en la búsqueda de personas desaparecidas y recordó a la activista Claudia Uruchurtu Cruz, cuyo caso permanece como una herida abierta.
“Cuando una defensora desaparece, no solo se rompe su historia; se rompe el tejido comunitario y la confianza en el Estado”, expresó la líder social.
Nadir Quiroz, integrante de Flor y Canto A.C., destacó que en 2024 **Oaxaca encabezó la lista de estados con más agresiones contra defensores de tierra y territorio**, seguido de Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz. Explicó que este fenómeno se relaciona con que **el 72% del territorio estatal es indígena** y concentra áreas naturales donde se imponen megaproyectos que vulneran la autonomía y libre determinación de los pueblos.
“Las empresas y el Estado criminalizan la defensa de los bienes comunes bajo el argumento de que los recursos naturales son propiedad de la nación”, afirmó el activista.
Finalmente, Melquiades Rosas, comunicador indígena e integrante del Comité Estatal de Radios Comunitarias Indígenas y Afromexicanas, expuso los riesgos, omisiones institucionales y agresiones persistentes que enfrentan los medios comunitarios.
Hizo un llamado a la necesidad de leyes que reconozcan sus procesos y garanticen una labor comunicativa libre de trabas burocráticas.
