Diversas organizaciones sociales documentaron la existencia de 50 víctimas directas y al menos 500 víctimas indirectas de crímenes de lesa humanidad en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, en la región de la Cañada.
Las víctimas, afirmaron las agrupaciones, aglutinadas en una Misión Civil de Observación, sufrieron tortura, detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada, desplazamiento forzado, hostigamiento judicial y represión política.
En el informe preliminar de la Misión Civil de Observación, se señaló la participación y colusión en estos crímenes de actores municipales, estatales y federales.
También acusó la participación del “grupo caciquil” encabezado por Manuel Zepeda Cortés y la actual diputada local Elisa Zepeda Lagunas, “cuya influencia ha sido determinante para mantener el clima de persecución”.
Asimismo, advirtió que la comunidad enfrenta un momento crítico porque aún existen más de 200 órdenes de aprehensión vigentes que mantienen a muchas familias en desplazamiento forzado o en permanente riesgo, mientras que la devastación ambiental continúa en Eloxochitlán de Flores Magón, y la impunidad es absoluta.
La Misión Civil también señaló un ecocidio en el Río Xangá Ndá Ge, el cual es considerado “ente vivo y sagrado dentro de la cosmovisión mazateca”, por la sobreexplotación ilegal de materiales pétreos por más de una década.
Esta sobreexplotación, precisó, ha causa la destrucción del cauce, contaminación con metales pesados, desecación de tramos completos, pérdida acelerada de fauna y flora, y maquinaria pesada operando en territorio comunitario. “Este ecocidio es parte del mecanismo para debilitar la autonomía y abrir paso al despojo territorial”.
