A dos años y medio del conflicto, los miembros desplazados de la Iglesia Cristiana Internacional en San Juan Lalana continúan sin poder regresar a sus comunidades.
La lentitud en las acciones de las autoridades y la supremacía que algunas asambleas comunitarias otorgan a los usos y costumbres por encima de la Constitución mantienen a los afectados en la incertidumbre y sin sus bienes recuperados.
Azael Ramírez Miguel, apoderado de la Iglesia Cristiana Internacional del estado de Oaxaca, confirmó la persistencia del problema y la falta de avances en las negociaciones para el retorno de los feligreses.
El vocero indicó que los afectados se encuentran actualmente resguardados en dos lugares: un municipio cercano perteneciente a Valles Centrales de Oaxaca y otro en el estado de Veracruz.
No han regresado. Tampoco les han regresado sus bienes, todo eso está perdido, no ha habido ninguna reconstrucción, no hay ningún avance en el sentido de que ellos puedan regresar,” lamentó Ramírez Miguel.
El trabajo de las autoridades ha sido calificado como “muy lento”. Aunque ha habido acercamientos, como el establecido con la Comisión de Víctimas, el diálogo directo y las negociaciones que la Iglesia busca para el retorno de sus miembros no han fructificado.
“Vemos que hay disposición, pero quisiéramos un poco más que la disposición. La intervención, el diálogo directo, para que nuestros hermanos puedan regresar,” enfatizó.
El problema de San Juan Lalana, donde el desplazamiento se originó por no participar en actividades religiosas promovidas por la asamblea comunitaria, es un reflejo de una problemática más amplia en el estado.
Ramírez Miguel señaló que el conflicto ha puesto en evidencia la existencia de otros “focos rojos” en Oaxaca, donde existe un riesgo de situaciones similares.
Recientemente, se tuvo conocimiento de un problema en Valles Centrales donde un acta de asamblea amenazaba con la expulsión o sanción a quienes no participaran en las actividades religiosas promovidas por la población.
El apoderado subrayó que la principal dificultad radica en que los usos y costumbres, a través de sus actas de asamblea, “rebasan y desconocen incluso lo que está en la Constitución,” al considerarse superiores a la ley.
Para contrarrestar esta situación, el líder religioso propone una solución educativa y de sensibilización dirigida a las autoridades comunitarias.
Lo que se necesita es que a las autoridades se les pudiera dar una práctica no solo para sensibilizarlos, sino una práctica donde ellos puedan tener el conocimiento de lo que es la ley y cómo usos y costumbres no puede estar por encima de la Constitución.”
El caso de San Juan Lalana, con el desplazamiento forzado y la pérdida de bienes de sus habitantes, sienta un precedente peligroso y promueve la posibilidad de que otros conflictos de intolerancia religiosa escalen en la región.
