Ciudad de México. (27 de noviembre de 2025) – Tras una jornada de intenso debate y negociaciones de último momento, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. El proyecto, fundamental para la gestión hídrica del país, fue avalado en lo particular con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, y fue remitido inmediatamente al Senado de la República para su revisión y efectos constitucionales.
La aprobación se concretó luego de que el Pleno aceptara un paquete de 18 reservas presentado por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), a nombre propio y de sus coordinadores aliados del PVEM y PT. Monreal Ávila destacó que estas reservas, que se suman a las 50 modificaciones previas al proyecto original de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fueron elaboradas para “atender a la gente” y a diversos sectores productivos de 22 estados que manifestaron sus inquietudes, incluso en un contexto donde “ha privado la desinformación”. El coordinador de Morena enfatizó que la ley busca terminar con el mercado negro de concesiones.
Ejes Centrales: Reconocimiento Comunitario y Responsabilidad Hídrica
La nueva legislación incorpora cambios técnicos y sociales de gran calado. Por primera vez, se incluye un apartado que reconoce a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento (artículo 40), permitiéndoles brindar y gestionar el servicio de agua potable en zonas no cubiertas por los servicios municipales, o aquellos constituidos bajo sus propios sistemas normativos (artículo 43).
Además, se introduce el concepto de “Responsabilidad Hídrica” (artículo 3), definiéndola como la gestión responsable y las buenas prácticas por parte de las autoridades y usuarios para el uso eficiente y sostenible de las aguas nacionales, obligando a no exceder los volúmenes concesionados y mantener el equilibrio hidrológico. En un cambio crucial para priorizar el derecho humano, la ley precisa que, en caso de riesgo de disponibilidad para consumo humano o doméstico, la Autoridad del Agua podrá disminuir o cancelar el volumen concesionado a otros usos.
Certera en las Concesiones y Endurecimiento de Penas
El debate se centró en la transmisión de concesiones, una preocupación clave del sector agropecuario. Las reservas aceptadas buscan clarificar este punto:
- Transmisión de Derechos: Aunque el Artículo 22 establece que los derechos amparados en las concesiones no serán objeto de transmisión, los derechos preferentes derivados de la transferencia de propiedad, fusión de sociedades o derechos sucesorios sí serán reasignados al nuevo titular.
- Sector Primario: En el caso de actividades primarias (agrícola, pecuario o acuícola), si se transmite el dominio de las tierras, el nuevo propietario conservará los derechos sobre la explotación del agua, y la Autoridad expedirá un nuevo título por el plazo remanente, sin requerir el análisis de disponibilidad (artículo 49).
- Sanciones: El dictamen aumenta las penas por delitos graves, elevando la sanción por contaminación y daños ambientales significativos de uno a ocho años de prisión a dos a catorce años de prisión, buscando sancionar la extracción ilegal a gran escala y el desvío de aguas.
Críticas y Riesgos: “Maquillaje” e Impugnación
A pesar de las modificaciones, la oposición mantuvo su postura en contra, calificando los cambios como insuficientes. Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que las reservas solo “maquillan” el problema de fondo y que la ley atenta contra los campesinos, al no solucionar la falta de inversión gubernamental en obras de retención y modernización.
El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) calificó las reservas como una “falacia argumentativa” al señalar que no se solucionó el problema de la “negativa ficta” y, principalmente, porque no se realizó una consulta a los pueblos originarios sobre la reforma. Por su parte, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) acusó que la iniciativa no fue bien elaborada desde su origen, al requerir más de 50 cambios, y que el problema de fondo, el despojo del agua, persiste.
El documento aprobado ahora pasará a la Cámara Alta, donde se espera un nuevo y arduo proceso de deliberación antes de su publicación definitiva.
