El reciente asesinato de Manuel Vásquez, de 48 años, en el anexo “Fraternidad del Espíritu” ha desatado una ola de denuncias públicas contra estos centros de rehabilitación y contra los denominados “padrinos” o encargados, a quienes se les acusa de ejercer violencia extrema y sistemática contra los internos.
La cascada de testimonios en redes sociales y medios de comunicación exige a la Fiscalía General del Estado investigar a fondo y clausurar esta red de anexos, mientras que a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) se le pide recabar las pruebas de los abusos.
Tras exponerse el caso de Manuel Vásquez, este medio ha recabado múltiples testimonios que señalan que los maltratos son una práctica común. Si bien existen opiniones divididas sobre la familia de la víctima del anexo “Fraternidad del Espíritu”, la violencia en estos espacios es una constante.
Un testimonio, como el de Silvia Hernández, revela las brutales técnicas usadas para ocultar el abuso:
“Ya tuve 3 familiares en distintos centros y en todos les pegan. En uno fuimos a sacar a mi tío porque lo tenían en mal estado: una costilla rota de tanto que les pegan. Los enrollan en periódico o colchonetas para que los moretones les salgan por dentro y no por fuera, así el familiar no se da cuenta cuando los visitan… y un resto de cosas más que les hacen ahí”.
Otra denunciante recordó otro caso de fallecimiento previo a la pandemia: “Mataron a un muchacho y lo fueron a tirar al basurero, dígame si eso es un buen anexo”.
Usuarios de redes sociales han recordado que Manuel Vásquez podría no ser la primera persona que muere tras ser internada en el contexto del “Operativo Pescador”, una iniciativa gubernamental supuestamente destinada a ayudar a las personas con adicciones.
Aunque la intención del gobierno pudo haber sido positiva, la responsabilidad recae directamente en los encargados de los anexos.
“Tal vez el gobierno quiso ayudar con eso. Pero desgraciadamente los encargados de los anexos golpean a los internos y eso está mal. Aquí la responsabilidad es de los encargados del anexo y deben de ser castigados”, señaló un usuario.
Los denunciantes coinciden en que la mayoría de los centros no cumplen con un verdadero programa de rehabilitación. En lugar de recibir ayuda, los internos son víctimas de la violencia, lo que agrava su situación.
“En la mayoría de los anexos golpean a las personas internadas. Lo que deberían hacer es vigilar esos lugares y los que hacen eso que los clausuren,” comentaron.
Además de exigir el cese de las golpizas, la ciudadanía pide que la vigilancia se enfoque en que los centros ofrezcan actividades productivas y de reinserción social, tales como oficios o algún deporte, y no solo obligarlos a estar en la llamada “tribuna”.
Se espera que las autoridades, tanto la Fiscalía como la DDHPO, inicien una investigación exhaustiva para garantizar la clausura del centro “Fraternidad del Espíritu” y la revisión de todos los anexos que operan en la entidad.
