18 años de la desaparición forzada de Lauro Juárez, líder indígena chatino del municipio de Santa María Temaxcaltepec, el Frente Popular Revolucionario (FPR) exige a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) acatar la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) debido a las diversas irregularidades en el caso.
Lauro Juárez, originario de la comunidad de La Arena, Temaxcaltepec, fue desaparecido la madrugada del 30 de diciembre de 2007 en el contexto de una movilización social en defensa del voto popular, tras la anulación arbitraria de las elecciones municipales de varios ayuntamientos chatinos regidos por el sistema de Usos y Costumbres.
Según el FPR, la desaparición ocurrió después de una serie de asambleas comunitarias en los municipios chatinos de Santos Reyes Nopala, San Gabriel Mixtepec y Santa María Temaxcaltepec.
Lauro Juárez había sido electo como regidor de Hacienda en su municipio, un triunfo que, denuncian, fue desconocido e invalidado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) por presión de “fuerzas priistas reaccionarias”, presuntamente bajo el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y el actuar de Fredy Gil Pineda Gopar.
Ante la invalidación, cientos de indígenas chatinos emprendieron una movilización de cuatro días en la carretera Oaxaca–Puerto Escondido, a la altura de la comunidad del Vidrio. Tras la amenaza de desalojo por grupos de choque, la movilización se recesó. Fue en ese momento que Lauro Juárez fue desaparecido mientras buscaba un lugar para pernoctar.
El FPR señala la responsabilidad del entonces secretario de Gobierno, Manuel García Corpus, a quien critican por su actual papel como asesor en la administración estatal de la “Primavera Oaxaqueña”.
A lo largo de 18 años, el FPR afirma haber exigido la presentación con vida de su compañero y logró la creación de una fiscalía especial, la cual, acusan, fue “truncada y desaparecida” a pesar de tener plenamente ubicados a los responsables.
El Comité Estatal del FPR arremete contra el sistema de procuración de justicia, señalando que las demandas de justicia no se obtienen en las instituciones y que el Poder Judicial está “al servicio del mejor postor”.
