Oaxaca de Juárez, Oax., 8 de noviembre de 2025.— Los Grupos Waterkeeper de América Latina se reunieron en Oaxaca, en el marco de la preparación a la COP30 (Belém, 2025), para lanzar un llamado urgente a los líderes mundiales: el agua debe convertirse en el eje vital de la acción climática y de las políticas públicas frente a la triple crisis planetaria.
A diez años del Acuerdo de París, las organizaciones reconocen avances en las proyecciones de calentamiento —que hoy se estiman en 2.6 °C frente a los 4 °C proyectados en 2015—, pero advierten que esa cifra sigue siendo insuficiente y peligrosa, y muy distante del umbral crítico de 1.5 °C.
Los Waterkeepers recordaron que los impactos climáticos ya son más severos de lo proyectado, exacerbando la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y eventos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones, con especial afectación en regiones vulnerables de América Latina. Señalaron datos recientes de ONU AGUA (2024) que evidencian la gravedad: más de 90 países con ecosistemas hídricos degradados; disminución de caudales en 402 cuencas; y reducción o desaparición de cuerpos de agua superficial en 364 cuencas.
La delegación enfatizó la centralidad de la Amazonía, los páramos andinos y los glaciares tropicales como ecosistemas críticos para la regulación hídrica y la resiliencia climática regional. Alertaron asimismo sobre la pérdida de manglares y la drenación de humedales para la agricultura, prácticas que socavan la estabilidad del ciclo hidrológico y aumentan la vulnerabilidad frente al cambio climático.
En su pronunciamiento, los Waterkeepers —que trabajan en nueve países de la región— demandaron medidas concretas de cara a la COP30: que los países del Anexo I actualicen y aumenten sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) antes de la COP31 (2026), estableciendo metas mucho más ambiciosas para 2030 y nuevas metas a 2035, coherentes con el objetivo de 1.5 °C.
Además, exigieron la eliminación inmediata de subsidios a combustibles fósiles por parte de las naciones desarrolladas y el cese de toda inversión pública en proyectos de carbón, petróleo y gas en América Latina, incluyendo exploraciones en aguas profundas. Propusieron redirigir esos recursos hacia energías limpias y tecnologías resilientes que apoyen una transición justa en la región.
Dirigido a los socios internacionales, el colectivo pidió a donantes como la Unión Europea que amplíen y aceleren su apoyo: que antes de 2027 dupliquen sus aportes al Fondo Verde para el Clima y al Fondo de Adaptación, y que incrementen la asistencia técnica para implementar el Marco de Transparencia Reforzada del Acuerdo de París.
Los Waterkeepers reclamaron también mayor financiamiento y apoyos orientados a la conservación hídrica y la biodiversidad —incluyendo recursos para ejecutar el Acuerdo de Escazú y cumplir las metas de Kunming‑Montreal— y subrayaron que esos recursos deben canalizarse de manera directa y preferencial a organizaciones de base comunitaria y a grupos étnicos que custodian bosques y aguas.
Finalmente, las y los participantes hicieron un llamado a colocar la protección del agua al centro de las negociaciones climáticas y a reconocer que garantizar cuencas y ecosistemas saludables es condición indispensable para la vida, la seguridad alimentaria y la adaptación climática en América Latina.
