Nere González
La problemática que asfixia a la región Mixteca de Oaxaca por un añejo conflicto agrario escaló con la detención de los comisariados de Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, acusados de homicidio, desplazamiento forzado, apología de la violencia y otros delitos, informaron autoridades de seguridad estatal.
Los líderes agrarios fueron aprehendidos por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y trasladados al penal de Tanivet, con la posibilidad de un traslado a una cárcel federal. Las autoridades anunciaron que la carpeta de investigación incluye a 16 objetivos adicionales que podrían ser detenidos en las próximas horas. Entre los señalados están la síndica de Yosondúa, el asesor jurídico del municipio, el agente de la comunidad de Buenavista y cinco personas de Yolotepec identificadas por presunto tráfico de armas, además de otros ciudadanos señalados por participar en ataques.
El conflicto entre Yosondúa y Yolotepec, con más de medio siglo de antigüedad, disputa alrededor de 1,600 hectáreas. Un tribunal agrario reconoció el territorio a Yolotepec, resolución impugnada por Yosondúa, que cuenta con un amparo que exige respetar la posesión de Buenavista y Chikava.
Habitantes de Santiago Yosondúa difundieron un comunicado este 2 de noviembre en el que denuncian que desde el 18 de agosto de 2025, pobladores de Santa María Yolotepec —encabezados por sus autoridades— desplazaron violentamente a 225 personas de la comunidad de Buenavista, con detonaciones de armas de fuego e incendios de viviendas. Aseguran que los ataques continuaron en octubre y suman 21 casas quemadas.
En el mismo documento, acusan a Santa María Yolotepec de condicionar el retorno de los desplazados a cambio de territorio, y señalan a la Secretaría General de Gobierno (SEGO) de Oaxaca de actuar con parcialidad a favor de Yolotepec y de no detener la agresión por más de 70 días.
Los pobladores de Santiago Yosondúa exigen una solución de fondo e imparcial al conflicto, el castigo a los delitos presuntamente cometidos por Yolotepec, el restablecimiento del Estado de derecho, el retorno de los habitantes de Buenavista a sus hogares —amparado por una resolución federal— y la libertad inmediata de la presidenta del Comisariado de Bienes Comunales de Yosondúa, Amada López Feria, a quien consideran detenida injustamente.
