La médica oaxaqueña Martha Silvia Martínez Cruz denunció por violencia de género, despojo y adeudo de pensión alimentaria en agravio de dos menores al jefe de la Unidad de Defensores del Municipio de Oaxaca de Juárez, José Tereso Vicente.
La profesionista exhibió documentación emitida por dos instancias del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y acusó que fue despojada de tres propiedades y ultrajada tras iniciar trámites para disolver un matrimonio de nueve años con el hoy servidor público. Aseguró haber recibido amenazas de que cualquier acción en su contra “no procedería” por su presunto influyentismo.
Indicó que el Poder Judicial le concedió medidas de protección para salvaguardar su integridad y recuperar la tutela de su hijo mayor, de 9 años, quien también habría sufrido violencia psicológica. Posteriormente, un juez de lo familiar le otorgó la guarda y custodia provisional de sus dos hijos y ordenó al denunciado aportar 20% de pensión para cada uno; sin embargo, aseguró que el servidor público no ha cumplido.
En entrevista, la denunciante señaló vínculos del funcionario con actores políticos locales y refirió que las amenazas se intensificaron desde febrero de 2025. “Me dijo que si yo no hacía lo que él decía, iba a perder a mis hijos y todas mis cosas”, afirmó.
También lo señaló como presidente de la colonia Niños Héroes de Santa María Atzompa, con presuntos vínculos con autoridades municipales. “Por sus cargos, me ha amenazado y amedrentado. Ya puso en venta mi casa y mis terrenos, y escondió mi coche”, acusó.
Aunque reconoció resoluciones favorables iniciales del Poder Judicial, denunció irregularidades en el desarrollo del juicio de guardia y custodia y de pensión alimenticia, como notificaciones dejadas en domicilios donde ella no reside y emplazamientos con escaso tiempo de antelación.
La médica exigió la devolución de sus bienes —incluido su vehículo—, el cese de supuestas amenazas, el cumplimiento de la pensión desde noviembre de 2024 y la guarda y custodia definitivas de sus hijos. Asimismo, responsabilizó al funcionario y a terceros por cualquier daño que pudiera sufrir ella, su familia o sus acompañantes.
