La Organización de las Naciones Unidas ubica a México entre los 30 países más expuestos a desastres naturales porque anualmente se producen arriba de tres o más catástrofes en su territorio que afectan particularmente a la población más vulnerable, es decir, a las personas que difícilmente perciben lo mínimo para sobrevivir y en sus comunidades urbanas o rurales no tienen la infraestructura adecuada que les permita soportar sismos, huracanes lluvias intensas e inundaciones.
Las lluvias torrenciales que del seis al 11 de octubre irrumpieron sobre los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí causaron la muerte de más de 100 personas y destruyeron casas, escuelas, calles y clínicas de salud. Esta cuenta inicial de la tragedia se incrementó a partir del miércoles 14 de octubre, cuando se plantearon 300 mil afectados únicamente en Veracruz cuya suma, con las de otras cuatro entidades, alcanzaría a un millón de mexicanos que habrían perdido 100 mil viviendas, según una cifra rebelada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Las cinco inundaciones más recientes y devastadoras en el país ‒cuyos daños hasta ahora no han sido reparados totalmente‒ ocurrieron en 1999 en Veracruz, con saldo de 384 muertos y medio millón de afectados; Tabasco en 2017 con 850 mil habitantes afectados, tres mil 400 escuelas dañadas, 127 hospitales destruidos y 123 mil viviendas dañadas; Monterrey en 2010 ‒provocada por el huracán Alex‒ con 215 unidades de salud afectadas; Tabasco en 2020, con el desbordamiento del río Grijalva, donde hubo más de 500 mil personas afectadas, daños en carreteras; y, finalmente, en Acapulco, el huracán Otis cobró la vida de al menos 68 personas, daños masivos en la infraestructura doméstica, vial y turística (hoteles, restaurantes, veleros, etc.).
A partir del lunes 13 de octubre, la Secretaría del Bienestar inició el censo de damnificados, a pesar de que la tragedia había sucedido una semana antes. Este anuncio tardío fue acompañado por el compromiso de la Presidenta: “nadie se va a quedar en el desamparo”. Esta respuesta, sin embargo, ha resultado evidentemente lenta y, en algunos casos, hasta omisa porque no se tomaron las medidas preventivas e inmediatas para evitar que el dolor y la tristeza de miles de damnificados aumentaran; resultaron fatales, sobre todo en Hidalgo y Veracruz, donde muchos clamaban por alimentos.
Cada vez que ocurre un desastre natural, quienes pagan las peores consecuencias son los mexicanos más olvidados por los tres órdenes de gobierno. Este desamparo se incrementó desde que, a finales del sexenio de Andrés Manuel Obrador (AMLO), fue eliminado el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), con el que se actuaba con rapidez para atender a la población afectada. Los efectos devastadores de las frecuentes alteraciones subterráneas y climáticas justifican la existencia de un programa similar al Fonden, que durante 24 años operó con eficiencia, pero al que AMLO suprimió junto a 104 fideicomisos más con el argumento de que sus administraciones eran “corruptas”; y no se preocupó por abandonar y desamparar a millones de mexicanos, entre ellos a los más pobres, débiles y apaleados por un sistema económico y político incapaz de llevar bienestar a la sociedad.
A cinco años de la desaparición del Fonden, el Gobierno Federal morenista y los gobernadores de Veracruz, Rocío Nahle García; de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar; de Puebla, Alejandro Armenta Mier; de Querétaro, Mauricio Kuri González y de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo, mostraron su incapacidad para prevenir o evitar las “desgracias que no esperan”, que siempre se presentan y cuya frecuente sucesión obliga al Estado a prever las consecuencias con recursos financieros independientes del gasto anual programado, porque deben ser utilizados en el momento preciso.
El grave error que AMLO cometió al desaparecer de un plumazo el Fonden cobra nuevamente vidas humanas y cientos de miles de mexicanos se queden sin viviendas, escuelas, clínicas y hospitales; su vida permanecerá marcada por la pobreza. Los gobiernos de Morena se mantendrán como responsables hasta que los mexicanos, conscientes y organizados, tomen las riendas del Gobierno de México. Ésta es la única solución para evitar más tragedias. Por el momento, querido lector, es todo.
