Una asamblea para la elección de las próximas autoridades municipales en San Agustín de las Juntas, regida por el Sistema Normativo Interno-Usos y Costumbres-, fue reventada violentamente a casi dos horas de haber iniciado.
Un grupo irrumpió en el recinto, lanzando sillas y desatando una riña masiva entre facciones. La Policía Estatal tuvo que intervenir utilizando gas pimienta para disuadir el conflicto, resultando en varias personas detenidas.
La tensión ya se había anticipado en redes sociales, donde grupos locales habían convocado previamente a reventar la elección. Las críticas y el señalamiento directo de ser responsables del caos se concentran en dos aspirantes a la presidencia municipal: Guadalupe Gutiérrez Robles, alias “Lupito”, y Miguel Torres.
Ambos personajes son acusados por los habitantes de representar intereses ajenos al bienestar colectivo, de intentar corromper los mecanismos tradicionales de gobierno y de sembrar la división para su beneficio personal y de sus grupos políticos.
Las acusaciones contra Guadalupe Gutiérrez Robles “Lupito” datan como exregidor de Hacienda (2020-2022), donde se le señala de haber dejado una deuda con CONAGUA superior a 1.6 millones de pesos.
Por su parte, Miguel Torres y su operador político, Ricardo Lara, son denunciados por practicar el clientelismo descarado, incluyendo el reparto de despensas y dinero en efectivo, así como pactos con sindicatos externos a la comunidad, como CATEM y la Confederación Joven.
La preocupación de los pobladores se centra en su propuesta de modificar radicalmente el sistema de usos y costumbres al intentar eliminar el escalafón de servicios comunitarios, un requisito fundamental para aspirar a la presidencia municipal 2026-2029, lo que constituye una violación a la tradición comunitaria.