Entre enero de 2024 y mediados de 2025, se documentaron 156 agresiones contra personas defensoras en Chiapas, incluyendo cuatro asesinatos y 131 ataques directos en represalia por su labor, informó el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Las organizaciones expresaron su profunda preocupación por la violencia, el hostigamiento y la criminalización en contra de personas defensoras y periodistas, y llamaron al gobierno de Chiapas a respetar y no limitar la labor de defensa de derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas y el ejercicio periodístico, así como a establecer acciones inmediatas y efectivas para proteger la vida e integridad de estas personas.
Solicitaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emita un informe especial sobre la situación de personas defensoras y periodistas en la entidad, e informe sobre el estado de las quejas presentadas contra funcionarios públicos involucrados en agresiones o violaciones a derechos humanos.
Al Mecanismo Federal de Protección le pidieron fortalecer medidas de protección y agilizar los procesos de incorporación para quienes soliciten resguardo ante el actual contexto de riesgo. A la comunidad internacional, le instaron a mantener el monitoreo y acompañamiento, y a garantizar apoyo financiero y político a las organizaciones de la sociedad civil.
El comunicado detalla agresiones que van desde intimidaciones, difamaciones y actos de vigilancia hasta ataques armados, como la masacre de Nueva Morelia, el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez y las agresiones contra integrantes de Las Abejas de Acteal. Los perpetradores incluyen tanto grupos del crimen organizado como fuerzas de seguridad estatales.
De manera reciente, el allanamiento al domicilio de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), evidenció el hostigamiento sistemático contra esta organización. Desde 2024, el Frayba ha sufrido al menos 46 agresiones, entre ellas vigilancia, allanamientos y declaraciones difamatorias; la CIDH le otorgó medidas cautelares desde 2010.
En un patrón paralelo, el 5 de agosto de 2025 fue detenido arbitrariamente Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana A.C., poco antes de la salida de una caravana migrante. Un juez reconoció la legitimidad de su labor y anuló la orden de detención, pero autoridades federales lo estigmatizaron públicamente, contribuyendo a un clima de criminalización.
La situación de las personas periodistas también es alarmante. Entre 2021 y 2024 se registraron los asesinatos de Víctor Alfonso Culebro Morelos (28 de junio de 2024) y Fredy López Arévalo (28 de octubre de 2021). Además, CIMAC documentó 21 agresiones contra mujeres periodistas entre 2024 y 2025, siendo este último el año más violento, con 16 casos, incluidos dos allanamientos.
Pese al discurso oficial de “pacificación” desde el 8 de diciembre de 2024, persisten condiciones alarmantes de seguridad y derechos humanos. Comunidades zapatistas han denunciado despojos y hostigamientos contra pueblos indígenas, señalando complicidad con fuerzas armadas federales, policías estatales y agentes particulares.
Este contexto revela un clima de violencia, desplazamiento y criminalización, con presencia militar normalizada y causas estructurales sin atender: pobreza, despojo, impunidad y ausencia de justicia. A ello se suman recortes a la cooperación internacional que disminuyen la capacidad de acompañamiento a víctimas y comunidades.
Las organizaciones del Espacio OSC reiteraron que la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa no deben ser limitadas ni criminalizadas, sino reconocidas como pilares de la democracia y la justicia social.
