Para garantizar la salud financiera de los municipios, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó una reforma al Decreto 305 que prohíbe a las administraciones municipales heredar deuda pública a sus sucesores. El dictamen fue aprobado con 33 votos a favor y tres en contra.
Esta medida busca poner fin a un ciclo de endeudamiento que ha afectado la capacidad de muchos ayuntamientos para invertir en servicios e infraestructura.
La reforma, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece que los 570 municipios del estado, sin importar si se rigen por el sistema de partidos políticos o por usos y costumbres, deberán liquidar la totalidad de los créditos que contraten antes de que finalice su periodo de gobierno.
La normativa detalla plazos específicos para la liquidación de la deuda, garantizando que no se trasladen las obligaciones financieras a las siguientes administraciones: Municipios regidos por partidos políticos: Deberán pagar sus deudas a más tardar el 30 de noviembre de 2027.
Mientras que Municipios con sistemas normativos internos (usos y costumbres): Tendrán hasta el 30 de noviembre de 2028 para saldar sus compromisos. Ambos plazos tienen un periodo máximo de mil 65 días naturales para asegurar una gestión financiera responsable.
La reforma afecta los financiamientos que los municipios gestionen y contraten con instituciones del sistema financiero mexicano. Para garantizar el pago, los ayuntamientos podrán utilizar hasta el 25% de los recursos que les corresponden del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Con esta reforma, Oaxaca se posiciona a la vanguardia en la implementación de políticas que promueven una gestión pública transparente y sostenible, detallaron los legisladores locales.