La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) reportó un saldo de 26 personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, ocurrida el 10 de septiembre. El siniestro, causado por el impacto de un objeto sólido que rompió el tanque con 49,000 litros de gas propano, ha dejado un rastro de duelo en la capital, con la cifra de muertos ascendiendo diariamente debido a complicaciones en quemaduras graves.
De acuerdo con el reporte oficial, 20 personas permanecen hospitalizadas, muchas en estado crítico por quemaduras en más del 90% del cuerpo, mientras 38 han sido dadas de alta tras recibir atención médica. La tragedia, que inicialmente reportó 3 fallecidos y 70 heridos, ha evolucionado con el deceso de víctimas como Alicia Matías Teodoro, la abuela que protegió a su nieta, y Fernando Soto Munguía, el chofer de la pipa. Especialistas como Gerardo Leyva de la UNAM explican que las muertes tardías se deben a daños internos en músculos, huesos y tendones.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga posibles irregularidades de la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza, propietaria de la pipa. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) señaló fallas en pólizas de seguro y actualizaciones, aunque la compañía afirma contar con cobertura. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, creó el Comité de Solidaridad para las víctimas y suspendió celebraciones patrias en Iztapalapa en solidaridad.
Familias esperan fuera de hospitales como el Rubén Leñero y Magdalena de las Salinas, donde se concentran los heridos. Casos como el de Ana Daniela Barragán, estudiante del IPN, y Jorge Islas Flores, bibliotecario, han conmovido a la comunidad. La SEDESA comparte listas actualizadas de víctimas y hospitales, facilitando la identificación.
El Código Nacional de Procedimientos Penales permite acuerdos reparatorios con voluntad de las víctimas, pero familias demandan justicia y compensación. Brugada enfatizó que el apoyo psicológico y económico es prioritario, mientras la fiscal Bertha María Alcalde avanza en peritajes para determinar responsabilidades. La explosión resalta vulnerabilidades en transporte de gas LP en la CDMX.
