A casi siete años de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en 40 municipios de Oaxaca, el estado enfrenta un preocupante aumento en los casos de violencia feminicida, el cual desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 17 de septiembre de 2025, ha cobrado la vida de 267 mujeres, según datos de GESMujer, una cifra que demuestra la falta de impacto de las medidas implementadas por las autoridades.
En lo que va del año 2025, de enero al 17 de septiembre, se han documentado 63 asesinatos violentos de mujeres y niñas, en donde la región del Istmo continúa como la zona con mayor incidencia, con el 29% de los casos.
Un dato que genera gran indignación es que el 62% de las víctimas fueron asesinadas por arma de fuego, y el 35% de estos crímenes ocurrieron dentro del “hogar”, un lugar que debería ser seguro, expuso el organismo.
Las estadísticas de GESMujer también revelan que el 24% de las mujeres asesinadas en 2025 tenían entre 19 y 29 años, una población especialmente vulnerable. Estas cifras no solo representan estadísticas, sino que reflejan la “negligencia y omisión del Estado”, que ha fallado en proteger la vida de las mujeres y niñas.
El recuento de muertes violentas de mujeres en Oaxaca a través de los últimos sexenios muestra una tendencia creciente que no ha logrado ser revertida, de acuerdo con la gráfica de la ONG con el ex mandatario José Murat Casab (1998-2004), se registraron 429 feminicidios.
Mientras que con los ex gobernadores Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010), los datos fueron 283 muertes violentas de mujeres, los cuales fueron incrementando con Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), al pasar a 527 feminicidios.
En tanto, Alejandro Murat Hinojosa (2016-2022), terminó su sexenio con 715 feminicidios, mientras que el gobernador actual Salomón Jara Cruz (2022-2025), suma 267 asesinato de mujeres.
Ante este panorama, GESMujer urge a la sociedad y al gobierno reforzar las acciones de prevención y garantizar que el sistema de justicia actúe de manera efectiva.
La organización subraya la necesidad de asegurar la protección y justicia para las víctimas y sus familias, así como la aplicación de sanciones justas para los agresores, ya que la violencia feminicida no es un hecho aislado, sino una responsabilidad colectiva que exige acción inmediata.
