ESTÉNTOR POLÍTICO
La falta de vivienda en México siempre ha sido un problema para millones de familias, se estima que el déficit es de entre 8 y 10 millones, de los cuales el 80 por ciento se refiere a la necesidad de mejoras (se entiende son viviendas en malas o pésimas condiciones) y el 20 por ciento a la falta de nuevas construcciones. Por otro lado, el costo para poder adquirir una casa se ha elevado entre 140 y 180 por ciento, sobre todo en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o Mérida; aspecto que hace muy difícil que se pueda acceder a contar con una casa, sumado a que los gobernantes no impulsan, al ritmo del crecimiento poblacional, la construcción y apoyo en vivienda.
El problema se agrava en las zonas urbanas con la llegada de más gente; y el caso de la CDMX merece especial atención al hacer crisis, que aunque no es nueva, se está acentuando; hay un déficit de más de 700 mil unidades no construidas, incluso, se alerta que podría convertirse en problema social grave si el gobierno y desarrolladores no presentan una verdadera alternativa, para que exista vivienda, en la que los costos para obtenerla sean accesibles.
La insuficiencia de vivienda tiene al menos dos décadas y fue al finalizar los años 90s cuando la crisis avanzó hasta ser una bomba de tiempo que podría estallar en inconformidad social; es por eso que constructores de vivienda han presentado la iniciativa Revive (Red de Rescate de la Vivienda) que tiene intención de buscar opciones y atender el problema de los precios altos de renta y compra y promover nuevas construcciones.
Pero no sólo los desarrolladores (movidos por su negocio) están “preocupados” porque el problema se atienda, hay también grupos sociales como el Movimiento Antorchista que en la Ciudad de México encabeza la líder social, Gloria Brito Nájera, que se preocupa por esta situación y lucha permanentemente para que miles de familias tengan una vivienda decorosa y donde no se viva en hacinamiento; y, sobre todo, que los costos para poder adquirirla sean accesibles.
Así, desde hace 20 años, cientos de tlahuaquenses no han abandonado su sueño de contar con una casa y han seguido buscando oportunidades para contar con ella; pero, alcaldes entran y alcaldes salen y nadie voltea hacia esas goteras de la CDMX, a pesar de que las familias viven bajo casuchas construidas con láminas de cartón, paredes de nailon, “viviendas” que no cuentan con piso firme, ni ventanas, ni puertas; donde el frío y la lluvia siempre se apoderan de niños, amas de casa y del trabajador que todos los días, de madrugada, sale a buscar el sustento familiar.
La vida sin hogar y las inclemencias sufridas han despertado a las familias y decidieron luchar para que, de una vez por todas, se cumpla con el derecho que está “resguardado”, -aunque muchas veces es letra muerta-, en el artículo 4º de la Constitución Mexicana, el cual reza que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” y que “La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”
Dispuestos a pagar lo justo por una vivienda, como lo hicieron con otros gobernantes, al arribar la morenista Berenice Hernández a la alcaldía, le solicitaron que se autorizara construir vivienda; desde entonces, su peregrinar no acaba porque han realizado al menos 10 protestas, entre mítines y cadenas en las principales avenidas de la metrópoli como Reforma, Ignacio Zaragoza o Insurgentes; o mítines en el Zócalo, frente a Bellas Artes que han servido de “foros” para denunciar que la frase de “Primero los pobres”, en Tláhuac, está muy lejos de ser realidad.
Así ha sido la historia. Las familias gestionaron ante el Gobierno capitalino y el Instituto de Vivienda de la CDMX (INVI) un proyecto que fue aceptado y el mismo Instituto aceptó adquirir un terreno en Tláhuac para dicho fin; este avance fue cancelado porque Berenice se negó autorizar el permiso de construcción, bajo los argumentos de que Tláhuac no tiene servicios básicos, sobre todo agua potable, servicios que al menos en 1 año de administración a ella le toca resolver; no existen, por tanto, ni razón ni argumentos para no autorizar la construcción de vivienda popular, salvo sus intereres particulares.
Por si faltara algo, los mexicanos deben saber que la alcaldía no tiene
que poner ni el terreno ni la construcción de las viviendas, ya que todo el proyecto correrá a cargo del INVI, como un “préstamo” que las familias irán pagando de acuerdo a sus posibilidades económicas; entonces, si niega casa a los pobres mientras autoriza construir “desarrollos residenciales”, como el de la avenida Guillermo Prieto, de la colonia Miguel Hidalgo, con viviendas que superan los cinco millones de pesos, la madre del cordero ahí está; un negocio redondo, una autorización, cuyo gobierno morenista, favorece a los ricos y niega el derecho de miles de familias pobres a contar con un hogar. La alcaldesa traiciona a quienes la llevaron al poder, y tarde o temprano, le van a cobrar la factura. Por el momento, querido lector, es todo
