El Congreso de Oaxaca aprobó con 34 votos a favor una serie de reformas a la Ley de Revocación de Mandato que, según opositores, facilitan al gobernador Salomón Jara Cruz un proceso “a modo”.
La iniciativa, impulsada por diputados de Morena, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reduce los plazos y flexibiliza los requisitos para la convocatoria.
La polémica se intensificó con la denuncia del Comité Popular por la Revocación de Mandato, liderado por Jorge Tello López, que señaló que estas reformas son parte de una estrategia política orquestada en conjunto por la bancada del PRI, liderado por el diputado Javier Casique Zárate, y el equipo de estrategas del gobernador.
Un proceso con reglas nuevas
Los cambios en la ley modifican de forma sustancial el proceso de revocación, con adecuaciones como el periodo para presentar la solicitud de revocación, que se acortó de tres meses a uno, después del tercer año de gobierno.
El plazo para la recolección de firmas será durante el mes previo a la solicitud y se permitirá la recolección de firmas a través de medios electrónicos, además de los formatos impresos.
El tiempo para verificar las firmas se acortó a 10 días, y la convocatoria se emitirá tres días después. La votación se realizará 30 días posteriores a la emisión de la convocatoria.
Durante el debate en el Congreso, las únicas voces que criticaron el procedimiento fueron la diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlán, y el diputado del Partido del Trabajo, Dante Montaño.
Este último propuso una reducción en el número de firmas necesarias para activar el proceso (de 318 a 95 mil) y cuestionó la validez de un requisito que exige la participación de al menos 280 municipios.
Para Dante Montaño, este requisito es una barrera que invalida el proceso si no se cumple el número de municipios, aun cuando se recaben las firmas necesarias.
Acusaciones de simulación y uso de recursos públicos
El Comité Popular por la Revocación de Mandato consideró que estas reformas adelantan un proceso “a modo”. Por su parte, la diputada García Morlán tachó la iniciativa de “examen” de la estructura electoral del gobernador y denunció que se financiará con recursos públicos. “Es un vil engaño para el pueblo de Oaxaca”, afirmó.
La controversia se agudizó cuando a los miembros del Comité Popular por la Revocación de Mandato se les negó el acceso al recinto legislativo, mientras que, a los hijos del gobernador, quienes también son líderes del partido Morena en Oaxaca, se les permitió la entrada y presencia en la primera fila.
