Padres de familia de estudiantes de medicina de diversas universidades de Oaxaca protestaron este domingo por la reciente decisión del gobierno federal de homologar todas las plazas de servicio social a la categoría C.
Esta medida, según los inconformes, obliga a los jóvenes a realizar su servicio en comunidades alejadas y sin condiciones de seguridad, con becas que van de los 400 a los mil pesos mensuales.
La decisión del Sector Salud invalida el programa anterior, en el que los estudiantes de alto promedio tenían la oportunidad de elegir plazas de categoría A o B en zonas conurbadas y seguras.
Ahora, todos serán asignados a lugares remotos, lo que ha generado gran preocupación entre los padres. “Con esta decisión, todos serán obligados a prestar su servicio social en zonas alejadas, sin garantías”, señaló Fernando Figueroa, portavoz de los padres informes.
Además de las precarias condiciones de seguridad, los padres denunciaron la explotación laboral a la que se enfrentan sus hijos, al afirmar que los estudiantes deben trabajar turnos de 24 horas y sin días de descanso, lo que afecta su salud física y mental.
A esta situación se suma la falta de insumos y medicamentos en los centros de salud a los que son asignados, lo que agrava aún más sus condiciones de trabajo.
Durante la protesta, los padres de familia presentaron un pliego petitorio en la que exigen que se respeten las plazas que fueron oficialmente entregadas en julio de 2025, las cuales son válidas de agosto de 2025 a julio de 2026.
Solicitaron que las constancias de adscripción que emite el Programa Nacional de Servicio Social no sean invalidadas, ya que las autoridades han citado a los pasantes para informarles que “dichas constancias quedan inválidas”.
También demandan un aumento en las becas, ya que el monto actual de 400 pesos es insuficiente para cubrir los gastos básicos de los estudiantes que se encuentran en comunidades a varias horas de distancia.
Además, señalaron que sus hijos llevan más de un mes y siete días sin recibir el pago de su beca, al tiempo de pedir que cesen las amenazas de que los estudiantes que no entreguen su constancia de adscripción el 8 de septiembre de 2025, a pesar de que la consideran vigente, “quedarán fuera” del servicio social.
Destacaron que esta problemática afecta a todas las universidades del estado, como la UNSIS, UABJO, CECEO, URSE, Mundo sin Fronteras y UMAR, entre otras que aún no se han manifestado públicamente.
