Estado de México. – En los juzgados del Centro Penitenciario de Santiaguito, Almoloya de Juárez, se realiza la audiencia de imputación contra cinco personas presuntamente responsables de la muerte de bebés por un brote de la bacteria Klebsiella oxytoca en hospitales del Estado de México en noviembre de 2024. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acusa a los imputados, empleados de una empresa de productos hospitalarios, por homicidio debido a la contaminación de fórmulas de Nutrición Parenteral Total administradas a recién nacidos. La abogada Sara Monroy, quien representa a 10 familias, sostiene que 15 bebés fallecieron, mientras la Fiscalía reporta 13 decesos, con discrepancias bajo investigación.
El brote afectó cuatro hospitales: el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México en Toluca, el Hospital del Niño, el Hospital Materno Perinatal ‘Mónica Pretelini Sáenz’ del IMSS Bienestar y el Centro Médico Toluca. Los bebés, todos recién nacidos de municipios del Estado de México y uno de Michoacán, sufrieron infecciones en el torrente sanguíneo por la bacteria, que causaron choques sépticos fatales. Las familias, según Monroy, no recibieron apoyo económico ni seguimiento inicial, enfrentando trabas burocráticas hasta que un equipo de cuatro abogadas retomó el caso para impulsar la investigación.
La Fiscalía inició la carpeta de investigación el 21 de noviembre de 2024 tras detectar el brote. Las indagaciones, apoyadas por entrevistas a personal médico y peritajes, confirmaron que la contaminación ocurrió por omisiones en los protocolos de esterilización de la empresa proveedora. Las autoridades sanitarias federales emitieron una alerta en diciembre de 2024, suspendiendo el uso de las fórmulas contaminadas. La audiencia busca determinar si hay pruebas suficientes para vincular a proceso a los imputados, quienes son considerados inocentes hasta que se dicte sentencia.
Monroy destacó que este es el segundo brote de este tipo y pidió la vinculación a proceso para evitar impunidad y una tercera incidencia. Las familias, presentes en la audiencia, exigen justicia y claridad, mientras la Fiscalía continúa investigando posibles responsabilidades adicionales.
La audiencia representa un paso crucial para esclarecer los hechos y garantizar justicia. Las familias, apoyadas por Monroy y su equipo, buscan que el caso siente un precedente para fortalecer los protocolos en hospitales públicos y privados, evitando tragedias similares. La Secretaría de Salud estatal ha comprometido acciones para mejorar la seguridad sanitaria, pero la desconfianza persiste entre los afectados, quienes demandan respuestas y apoyo integral.
