Monterrey, Nuevo León. – En pleno del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Juana Solís, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), fue interceptada por policías de Monterrey mientras colocaba una manta en el Puente del Papa con la consigna ‘Desaparecidos: ¿Dónde están?’.
Solís, madre de Brenda Damaris González Solís, desaparecida en Santa Catarina, Nuevo León, participaba en una acción simbólica para exigir justicia por su hija y las más de 121,651 personas desaparecidas en México, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La intervención policial ocurrió cuando las buscadoras de FUNDENL intentaban visibilizar la crisis de desapariciones forzadas en un acto pacífico. Solís, quien gritó ‘¡Tengo a mi hija desaparecida, tengo derecho!’, resistió el intento de arresto, denunciando la represión contra las familias que buscan a sus seres queridos.
Juana Solís Barrios, conocida como Juani, es una madre buscadora que ha enfrentado un sistema judicial indiferente y negligente durante más de una década. Su hija, Brenda Damaris González Solís, fue desaparecida el 31 de julio de 2011 y encontrada sin vida en octubre de 2012, pero su caso sigue marcado por irregularidades y falta de avances significativos.
La noche del 30 de julio de 2011, Damaris salió con su madre y Julio César hacia un concierto de Jenni Rivera en Monterrey. Al decidir no entrar al evento, se dirigieron a un bar y posteriormente tuvieron un accidente automovilístico. Abraham, hermano de Damaris, recibió una llamada informando del incidente, pero esta se interrumpió abruptamente cuando policías de tránsito llegaron al lugar. Desde entonces, Damaris y Julio César desaparecieron sin dejar rastro.
Juani y su familia comenzaron una búsqueda desesperada, acudiendo a hospitales, estaciones de policía y organizaciones civiles. Sin embargo, las autoridades minimizaron el caso, argumentando que debían esperar 72 horas para actuar. Meses después, restos humanos fueron encontrados en el kilómetro 92 de la carretera Monterrey-Saltillo, pero las autoridades tardaron un año en notificar a la familia, entregando los restos en una bolsa negra sin respeto ni claridad sobre su identidad.
El caso de Damaris fue tratado como homicidio, ya que el tipo penal de feminicidio no existía en ese entonces. A pesar de las pruebas genéticas que confirmaron la identidad de los restos, las investigaciones se limitaron a aspectos genéticos, ignorando análisis antropológicos que pudieran determinar la causa exacta de la muerte. Además, elementos clave como la camioneta en la que viajaba Damaris desaparecieron de los corralones, evidenciando la impunidad y colusión entre autoridades y el crimen organizado.
Juani ha enfrentado amenazas, omisiones y mentiras mientras busca justicia. En 2020, con apoyo de la Clínica contra la Trata de Personas del ITAM, presentó una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando la inacción de las autoridades mexicanas. Sin embargo, el caso aún no obtiene respuesta.
Hoy, Juani sigue luchando no solo por su hija, sino también por su nieto Iñaki, quien crece sin el apoyo gubernamental que debería recibir como hijo de una víctima de feminicidio. A sus 13 años, Iñaki es un estudiante destacado, pero carece de becas o programas de apoyo que reconozcan su situación.
La historia de Juana Solís refleja la lucha de miles de familias en México que buscan justicia ante la desaparición forzada y el feminicidio. ‘Mientras las autoridades sigan aliadas con los delincuentes, nunca sabremos qué pasó con nuestros hijos’, afirma Juani, quien continúa exigiendo verdad y justicia para Brenda Damaris.
