Entre 2010 y 2024, las dos empresas mineras que operan en Oaxaca obtuvieron ganancias por la extracción de oro y plata por 64 mil 700 millones de pesos, equivalentes a 3 mil 400 millones de dólares.
Las minas que permanecen en operación en el estado son Arista y Alta Gracia, en el municipio de San Pedro Totolápam, propiedad de Don David Gold Mine, filial de la estadounidense Gold Resource Corp (Gold Resource Corp, 2025) y la mina San José, en San José del Progreso, por Minera Cuzcatlán, propiedad de la peruana JRC Ingeniería y Construcción desde principios de 2025 y anteriormente de la canadiense Fortuna Mining Corp. (Fortuna Mining Corp., 2025b), de acuerdo con información de Servicios para una Educación Alternativa (Educa) divulgada a través del reporte Minería en Oaxaca 2025.
Los tres proyectos mineros activos están ubicados en los Valles Centrales de Oaxaca y extraen principalmente oro y plata.
Educa reportó que la extracción de minerales les dio a las dos empresas ingresos anuales de 226 millones de dólares (equivalente a 4 mil 300 millones de pesos mexicanos) o 4.35 millones de dólares (equivalente a 83 millones de pesos mexicanos) a la semana (Gold Resource Corp., 2025b, Fortuna Mining Corp., 2025c).
“Últimamente, las empresas mineras han podido aprovechar un fuerte aumento de los precios de las materias primas en la bolsa, ya que los precios del oro y la plata casi se duplicaron en los últimos cinco años”, publicó la organización.
Sin embargo, condenó que aquellas enormes sumas de dinero no se han quedado en Oaxaca ni en las comunidades locales, sino que “se van al extranjero”.
En sentido opuesto, subrayó, las comunidades cargan con las consecuencias negativas sin recibir nada de los beneficios.
“En Oaxaca, las empresas mineras se encuentran con comunidades indígenas y rurales que viven de la agricultura, afectadas por la pobreza. La empresa canadiense Fortuna Mining Corp. se asentó en comunidades muy pobres durante la construcción de la mina San José, con casi un 84 por ciento viviendo en la pobreza y un 43.5 por ciento en la pobreza extrema en 2010 (EDUCA, 2022, p.73-74)”.
Explicó que los niveles de pobreza y pobreza extrema en la región fueron argumentos importantes de las autoridades federales y la empresa minera para implementar el proyecto minero San José; sin embargo, la promesa no se ha materializado años después ya que la pobreza extrema solamente disminuyó casi una tercera parte y la pobreza moderada se mantuvo en un alto nivel.
“En San José del Progreso, la empresa minera aprovechó que el gobierno municipal y agrario era disfuncional y así se expandió en el territorio ejidal de San José del Progreso. Además de la irrupción de la empresa minera en el ejido, se generó un proceso de división comunitaria y rompimiento del tejido social”.
Además, en diversos enfrentamientos, policías estatales detuvieron a opositores al proyecto y dos autoridades locales fueron asesinadas en 2010 y, por si fuera poco, en 2012 dos defensores de la comunidad fueron víctimas de asesinatos impunes (EDUCA, 2022, p.83).
“Las y los defensores comunitarios se enfrentan a ataques e intimidaciones, pero no reciben apoyo por parte del estado, por lo que los asesinatos permanecen impunes y las defensoras y los defensores comunitarios en mayor vulnerabilidad.
“Durante años, se ha presionado a las comunidades vecinas de la mina para que vendieran sus tierras a la empresa para que el proyecto pudiera seguir expandiéndose. También se patrocinó una campaña electoral para colocar en puestos una persona afín a la mina (Minuta de la Reunión, 2021). Además, se convocaron consultas en las que la empresa, junto con las autoridades federales, ejercieron presión en la comunidad de Magdalena Ocotlán para aprobar la expansión de la empresa en otros territorios (Comunidad de Magdalena Ocotlán, 2016)”, denunció.
El reporte agregó que los datos relacionados con la pobreza y pobreza extrema se mantienen en nivel alto y muy alto en la región donde el proyecto minero debería impactar directamente en materia económica y de calidad de vida.
“El proyecto minero no ha contribuido al desarrollo social de la región, por el contrario, ha generado una fuerte polarización social en la comunidad de San José del Progreso (EDUCA, 2022)”.
Agregó: “Una vez que se ha establecido una empresa minera, es sumamente difícil impedir el avance de un proyecto minero”.
Un ejemplo, abundó, es la mina histórica de Natividad, en el territorio de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte.
“Esta mina ha seguido funcionando ilegalmente durante muchos años, incluso después de su cierre y frente a la resistencia. O el proyecto minero de San José: A pesar de los problemas previsibles, las violaciones de la las normas medioambientales y laborales o las violaciones de los derechos humanos, incluso asesinatos, seguía trabajando (EDUCA, 2025a). Después de 13 años de explotación de la mina, la Fortuna Mining Corp. vendió su filial mexicana a la empresa minera peruana JRC Ingeniería y Construcción (EDUCA, 2025a). Esto no sólo libera a la empresa de una mina menos rentable, sino sobre todo de los costes de seguimiento del cierre de una mina y de la responsabilidad del almacenamiento seguro de las enormes cantidades de residuos mineros que se han acumulado a lo largo de los años. Aunque finalmente se cerrará la mina, su impacto se dejará sentir en las comunidades vecinas durante décadas”.
