Colombia vivió una jornada de violencia con dos atentados que dejaron un saldo preliminar de 13 muertos y más de 50 heridos. En Cali, un camión cargado con cilindros bomba detonó frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en la Carrera Octava, causando la muerte de al menos cinco civiles y heridas a 36 personas, según la Alcaldía de Cali.
Horas antes, en el municipio de Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado, presuntamente por un dron, mientras apoyaba labores de erradicación de cultivos de coca, dejando ocho policías muertos y ocho heridos, de acuerdo con el reporte del Gobierno.
El presidente Gustavo Petro calificó los ataques como una ‘reacción terrorista’ del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), liderada por alias Iván Mordisco. Petro vinculó los atentados a una ofensiva militar en el Cañón del Micay, Cauca, donde el Ejército debilitó a la columna Carlos Patiño del EMC, que perdió control de parte de esta zona estratégica para el narcotráfico. El mandatario anunció que el Clan del Golfo, el EMC y la Segunda Marquetalia serán declarados organizaciones terroristas, perseguibles globalmente.
En Cali, el ataque ocurrió a las 15:05 horas, dejando vehículos calcinados, la fachada de un supermercado colapsada y escenas de pánico captadas en videos en redes sociales, donde se observan personas ensangrentadas y equipos de emergencia atendiendo la escena.
La Alcaldía ofreció una recompensa de 400 millones de pesos (unos 100,000 dólares) por información sobre los responsables. En Antioquia, el derribo del helicóptero, atribuido al Frente 36 del EMC, ocurrió en una zona donde también opera el Clan del Golfo, intensificando las alertas por el control de rutas de narcotráfico.
La región de Cali, cercana al conflictivo departamento del Cauca, ha estado bajo presión desde la COP16 en 2024, cuando el EMC amenazó la cumbre climática. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció una reunión con autoridades para diseñar estrategias contra estas redes criminales.
La ciudadanía y las autoridades locales han condenado los ataques, mientras Petro pidió un minuto de silencio por las víctimas. La Alcaldía de Cali activó protocolos de emergencia, y la Fiscalía General de la Nación trabaja en la identificación de los autores materiales e intelectuales.
