Un grupo de policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fue emboscado en un camino de terracería cercano a la comunidad de Apantla, en la localidad indígena de El Cortijo, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Según reportes preliminares de fuentes ministeriales, al menos seis comunitarios perdieron la vida y cinco resultaron heridos mientras se desplazaban entre las comunidades de El Cortijo y El Rincón, a unos 139 kilómetros de Acapulco.
El ataque, perpetrado con armas de alto calibre, dejó los cuerpos de las víctimas tendidos en el camino rural. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero intentó acceder al lugar para realizar las diligencias, pero miembros de la UPOEG impidieron el ingreso de los peritos, lo que ha complicado la confirmación oficial de los hechos. Algunos medios locales, como El Sur de Acapulco, reportan que el saldo podría ser mayor, con hasta nueve comunitarios asesinados, incluyendo habitantes de El Cortijo y El Rincón.
La emboscada se enmarca en la violenta disputa entre grupos criminales como “Los Ardillos” y “Los Rusos”, que buscan controlar la región Costa Chica de Guerrero. Aunque no hay una atribución oficial, las autoridades locales sugieren que el ataque podría estar relacionado con esta pugna, que ha intensificado la inseguridad en Ayutla de los Libres, un corredor estratégico que conecta las regiones Centro, Montaña y Costa del estado.
La UPOEG, fundada hace más de una década, forma parte de los sistemas de policía comunitaria que surgieron en Guerrero ante la incapacidad de las instituciones para garantizar la seguridad. Estos grupos, integrados por habitantes de comunidades indígenas, han quedado atrapados en el fuego cruzado de las organizaciones criminales, enfrentando constantes amenazas y ataques. En octubre de 2023, el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, fue asesinado en Chilpancingo, un hecho que refleja la vulnerabilidad de estas autodefensas.
Tras el ataque, la FGE, en coordinación con la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública, desplegó un operativo en la zona para buscar a los responsables, sin resultados inmediatos. La UPOEG exigió mayor apoyo del gobierno para proteger a sus integrantes, mientras que las comunidades locales expresaron su desconfianza hacia las autoridades.
