En Oaxaca no hay Estado de Derecho y ese será el primer desafío que afrontará el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, condenaron este día la Asamblea Comunitaria en Lucha por la Libertad de Eloxochitlán de Flores Magón y el colectivo Mujeres Mazatecas por la Libertad.
Las agrupaciones denunciaron por enésima vez que las más de 200 nuevas órdenes de aprehensión giradas contra la comunidad mazateca, fundadas en delitos prescritos y fabricados, y reactivadas después de ocho años, “precisamente cuando la comunidad logró liberar a todos los presos políticos”, evidencian la persecución política sostenida por más de una década contra personas defensoras de la autonomía, el territorio y el río Xanga Ndá Ge.
“¿Qué nombre puede recibir la conducta de magistrados (as) del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca? Cuando violaron la norma de competencia por antecedentes y, en lugar de asignar el caso de las 200 órdenes a la Tercera Sala Penal -quien ya había resuelto un asunto del mismo expediente- lo asignaron a la Segunda Sala, con tal de ‘ignorar’ los antecedentes vertidos en el expediente 81/2017 de la Tercera Sala, donde se declaró inexistente el delito de daño por incendio, se reclasificó a daño
con fuego, y se declaró prescrito”, cuestionaron al referirse a las órdenes de arresto que actualmente recaen sobre decenas de pobladores.
El movimiento reiteró sus denuncias en contra del juez local de Huautla de Jiménez, al que señala de ser el primer eslabón de la persecución judicial de la que, según sus denuncias, son presas.
“¿Cómo se nombra la conducta que tuvo el juez de Huautla de Jiménez Constantino Santiago Agustín el pasado once de julio de 2025 al resolver el asunto de la profesora Olga Maribel e insistir en que los delitos están comprobados? Ignoró siete resoluciones judiciales de instancias superiores (amparos y apelaciones) además de cuatro autos de libertad dictados en el mismo Juzgado local, los cuales, todos establecen la reclasificación del delito y la prescripción”.
E insistió que “tanto la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, como el Juez de Huautla de Jiménez han actuado bajo consigna, corrupción y resolviendo de forma dogmática, es decir, con simples afirmaciones (dogmas) sin razonarlas ni contrastarlas científica ni jurídicamente, con lo cual se prueba el uso abusivo y arbitrario del poder judicial en perjuicio de personas indígenas, entre ellas ocho mujeres, precisamente, en este año de la Mujer Indígena”.
Subrayaron que el gobierno morenista de Salomón Jara Cruz permite el uso del Poder Judicial para criminalizar a la comunidad, provee recursos públicos a los caciques victimarios de la comunidad mazateca.
“Lo hace al mantener como diputada a Elisa Zepeda Lagunas, a quien le asigna los proyectos de “justicia indígena” en el Congreso. Cruel y absurda conducta del gobierno estatal, que se ha tardado más de diez años para poner fin a una criminalización que jamás debió darse. Lo cual refleja que es el propio Estado el persecutor y saqueador”.
Agregó: “Su conducta debe ser objeto de observación y de responsabilidad nacional e internacional cada vez que incumplen con el bloque de constitucionalidad y con el control de convencionalidad, es decir, cada vez que omiten juzgar a la luz de todos los derechos reconocidos en leyes nacionales e instrumentos internacionales”.
Los inconformes demandaron a la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Tribunal de Justicia de Oaxaca, garantizar la conducta conforme a derecho de su juez local cuya consecuencia es el estudio y establecimiento de la prescripción de los delitos en el expediente 16/2016.
“Al Juez de Huautla de Jiménez: Que dé la libertad y declare la prescripción de los delitos en los casos de #Adán, #Antonio y #Gaspar, los tres mazatecos que se presentarán en el Juzgado el 18 de agosto derivado de las 5 órdenes de aprehensión que pesan sobre cada uno dentro del expediente penal 16/2016”
Mientras tanto, al Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla, solicitaron que reconozca desde la Fiscalía que los delitos están confeccionados, lo cual se advierte de un estudio de las pruebas testimoniales y periciales, así como de los documentos que obran en el expediente, y además están prescritos, en consecuencia, deje de sostener una falsa acusación contra las y los defensores mazatecos.
“Al gobernador Salomón Jara Cruz, le exigimos que deje de financiar a la victimaria Elisa Zepeda Lagunas con el recurso público del Estado de Oaxaca, a quien designó como diputada plurinominal (después de haberla designado Secretaria de la Mujer de su Gabinete) y, desde sus obligaciones constitucionales, ponga FIN a la criminalización de más de una década contra Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca”.
