El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que tomó bajo custodia a 26 fugitivos provenientes de México, trasladados en una operación bilateral anunciada el día anterior por el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch. Entre los detenidos figuran líderes y operadores de organizaciones criminales designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste (ex Los Zetas).
Estos individuos enfrentan una amplia gama de cargos federales y estatales, como tráfico de drogas (cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína), secuestros, toma de rehenes, uso ilegal de armas, contrabando humano, lavado de dinero y el asesinato de un diputado del condado de Los Ángeles, entre otros crímenes que han importado toneladas de estupefacientes a EE.UU.
Entre los destacados están Abigael González Valencia, alias ‘Cuini’, líder de Los Cuinis, una rama del CJNG responsable del tráfico de toneladas de cocaína; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, líderes de seguridad de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, conocidos por proteger laboratorios de fentanilo con armas militares; y Pablo Edwin Huerta Núñez, alias ‘Flaquito’, jefe de plaza de Tijuana vinculado al suministro de miles de kilos de drogas a California. Otros nombres incluyen a Juan Carlos Félix Gastélum, ‘El Chavo Félix’, operador de laboratorios clandestinos de metanfetamina, y Roberto Salazar, acusado del asesinato de 2008 del diputado Juan Escalante. La operación, coordinada con agencias como la DEA y el FBI, fue elogiada por la fiscal general Pamela Bondi como parte de los esfuerzos históricos de la administración Trump contra el crimen transnacional, agradeciendo la colaboración de México.
Los trasladados enfrentan penas que van hasta cadena perpetua, con arraigos en distritos como Nueva York, California y Texas, donde serán procesados en los próximos días. México ejecutó el traslado bajo la Ley de Seguridad Nacional, asegurando que EE.UU. no solicitará la pena de muerte, un compromiso que evitó tensiones legales. Sin embargo, algunos cuestionan si esta entrega masiva debilita la jurisdicción mexicana.
