Recientemente se difundió la noticia de que la Jueza de Control, Elizabeth Contreras Hernández, dejó en libertad a Carlos N., imputado por violencia familiar y violencia de pareja, además, al parecer este no ha sido el único caso.
La liberación de un presunto agresor para llevar su proceso en libertad ha encendido las alertas de organizaciones feministas en Oaxaca, que advierten sobre el alto riesgo que corren las víctimas de violencia de género cuando el sistema judicial falla en garantizar su seguridad.
En entrevista, Elizabeth Guadalupe Mosqueda Rivera, integrante de la dirección colegiada de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, calificó esta decisión como “altamente preocupante” y como un reflejo de la impunidad estructural que prevalece en casos de violencia contra las mujeres en el país.
“Este caso es un ejemplo claro de cómo los delitos de violencia de género quedan impunes. Nos preocupa especialmente que sea una jueza con supuesta formación en perspectiva de género quien tome este tipo de decisiones. Esto nos habla de simulaciones institucionales que no priorizan la seguridad de las víctimas”, subrayó.
La activista recordó que buena parte de los feminicidios en México están precedidos por antecedentes de violencia en el ámbito familiar o de pareja. “Cuando un agresor queda libre durante el proceso, el riesgo de que la violencia escale hasta el feminicidio es alto”, advirtió, señalando que además del peligro físico, las víctimas enfrentan impactos psicológicos y emocionales severos.
Mosqueda Rivera afirmó que, si bien México y Oaxaca cuentan con leyes y protocolos avanzados en materia de género, la falta de voluntad institucional, incompetencia y complicidad impiden su aplicación efectiva.
“El problema no es la falta de marcos legales, sino la falta de compromiso real para aplicarlos. Las estructuras patriarcales siguen operando dentro de las instituciones, y eso deja a las mujeres en estado de indefensión”, sostuvo.
La integrante de Consorcio destacó que las organizaciones feministas cumplen un papel clave para visibilizar casos como este, presionar por resoluciones con perspectiva de género y ofrecer acompañamiento integral a las víctimas.
“Difundimos estos casos, realizamos campañas informativas, generamos espacios formativos y de reflexión. También ofrecemos asesoría jurídica y atención integral, o canalizamos a las mujeres con otras organizaciones aliadas. Nuestra labor es sensibilizar a la sociedad y exigir que las autoridades cumplan con su responsabilidad”, puntualizó.
Finalmente, Mosqueda Rivera responsabilizó a las autoridades judiciales por la vida y seguridad de las víctimas.
“Este tipo de decisiones mandan un mensaje muy peligroso: que las violencias pueden continuar sin consecuencias. Si no son competentes o no están comprometidos, que renuncien y den espacio a personas que sí puedan garantizar justicia. Lo que está en juego son vidas de mujeres, niñas y juventudes”, concluyó.
El caso, que aún se encuentra en seguimiento, ha generado indignación entre colectivos y defensores de derechos humanos en Oaxaca, quienes insisten en que la protección de las víctimas debe ser la prioridad en cualquier proceso judicial relacionado con violencia de género.
