La Comisión de Reforma Política-Electoral aprobó dos dictámenes que reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero y un programa de credencialización en embajadas y consulados.
Con 18 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, se aprobó el dictamen que reforma el artículo 329 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que las y los ciudadanos que residan en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto para la elección en el ámbito federal de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, senadoras y senadores, diputadas y diputados federales, y personas Juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
También, las y los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección en el ámbito local para gobernadoras y gobernadores, persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, diputadas locales y diputados locales; personas titulares de las presidencias municipales y alcaldías de la Ciudad de México, personas juzgadoras de los poderes judiciales de los estados, siempre que así lo determinen las constituciones de los estados y de la Ciudad de México.
Además, las y los ciudadanos que residan en el extranjero deberán ejercer su derecho al voto en el ámbito de mecanismos de democracia directa o participativa en consultas populares y revocación de mandato.
En el régimen transitorio, se precisa que el decreto entrará en vigor a partir de 2026, de conformidad con los calendarios electorales que establezca el Instituto Nacional Electoral a nivel federal y los Organismos Públicos Locales en el ámbito estatal, respectivamente.
Los congresos de los estados tienen 180 días naturales para homologar y armonizar su marco jurídico electoral. El Instituto Nacional Electoral y los Órganos Públicos Locales, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Población, deberán realizar una coordinación interinstitucional para las acciones de cumplimiento de la Ley, de acuerdo con los calendarios electorales respectivos.
Se explicó que la reforma busca garantizar los principios de igualdad y no discriminación entre los mexicanos para que no se diferencien sus derechos político-electorales radicados en el país de los que se encuentran en el extranjero.
“El Congreso mexicano reconoce que el lugar de la residencia no debe ser un factor que les impida el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales”, sostuvo.
Con esta reforma los connacionales también podrán votar por los diputados locales, alcaldes, incluso en las elecciones judiciales y no solo por gobernadores. No obstante, manifestó su preocupación por los alcances y el compromiso presupuestal para su implementación.
