La conferencia matutina de este viernes 27 de junio de 2025 se tornó un campo de batalla verbal cuando la Procuradora Fiscal Grisel Galeano expuso que un grupo empresarial mantiene 32 juicios por un adeudo acumulado de 74 mil millones de pesos, distribuidos en la Suprema Corte (26 mil millones en tres juicios), tribunales colegiados (20 mil millones en cinco juicios), Tribunal Federal de Justicia Administrativa (8 mil millones en 11 juicios) y el SAT (20 mil millones en 13 instancias). Los casos, que datan de 2008 con retrasos de hasta 16 años mediante 22 recursos, incluyen siete recusaciones recientes ante la Corte. Galeano argumentó que este uso excesivo de instancias judiciales afecta la recaudación fiscal, aunque no presentó pruebas específicas durante la exposición.
Minutos después, Grupo Salinas emitió un comunicado identificándose como el blanco de las acusaciones, rechazándolas categóricamente y afirmando operar bajo estrictos estándares de cumplimiento fiscal. La empresa sostuvo que los procesos legales desde 2008, 2010 y 2013 son disputas legítimas, impugnando revisiones del SAT por inconsistencias y confiando en una resolución favorable de la Corte. Criticaron la falta de evidencia concreta y presentaron las recusaciones como un derecho a un proceso justo, no como evasión, destacando su contribución con más de 100,000 empleados y millones de clientes.
El choque de narrativas revela serios cuestionamientos. Por un lado, el gobierno sugiere que el grupo dilata intencionalmente el pago de impuestos, un problema que podría erosionar la equidad tributaria en un país con alta informalidad fiscal. Por otro, Grupo Salinas plantea que las acusaciones carecen de sustento, acusando al fisco de presionar sin pruebas, lo que podría dañar su reputación y la confianza en el sistema financiero. La ausencia de documentación pública en la mañanera contrasta con la solicitud empresarial de un diálogo basado en hechos, exponiendo una brecha en la transparencia.
Críticamente, este enfrentamiento pone en evidencia fallas estructurales: la dependencia del SAT de auditorías cuestionables y el uso prolongado de recursos judiciales por parte de grandes empresas reflejan un sistema legal sobrecargado y vulnerable a manipulaciones.
La Suprema Corte, con tres intentos fallidos de atracción y siete recusaciones, se encuentra en el centro de la disputa, pero su resolución podría tardar, perpetuando la incertidumbre.
La sociedad exige claridad, mientras el gobierno y la empresa deben demostrar con hechos su posición, evitando que el pleito se convierta en un juego de poder que afecte a los contribuyentes y la economía nacional.
