Lo que se maneja como la suspensión de poderes en el Ayuntamiento de Zapotitlán Palmas, en lugar de su desaparición, ha generado un intenso debate sobre la legalidad del proceso y las motivaciones detrás de la decisión de la LXVI legislatura local.
A pesar de la distinción terminológica, las implicaciones prácticas son las mismas: la presidenta municipal Inés Martínez Reyes ya no ejercerá sus funciones. Sin embargo, diversas voces señalan que el procedimiento para llegar a esta determinación violó el debido proceso, contraviniendo lo establecido en la Ley Orgánica Municipal.
El Artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal es claro al establecer que, en caso de desaparición de un ayuntamiento, el Congreso podrá decretar la suspensión ante una situación de violencia grave, vacío de autoridad o estado de ingobernabilidad.
No obstante, la misma ley subraya la obligación del Congreso de dar oportunidad al representante jurídico del Municipio o a sus integrantes de ser oídos y exponer lo que a su derecho proceda antes de emitir dicha medida. Este requisito, según las denuncias, no se cumplió.
Al respecto, la diputada Cony Rueda rememoró el origen de la izquierda y su compromiso con las luchas sociales, especialmente en la protección de los derechos de las mujeres. “Bien dice el dicho que el poder cambia y corrompe”, sentenció Rueda, criticando cómo, ahora que la izquierda ostenta el gobierno, sus intereses parecen haber cambiado.
“El interés mayor ya no es la justicia para las personas más desprotegidas o mujeres. Hoy se utiliza todo el aparato de estado para destituir del cargo a las mujeres que han enfrentado violencia permanente, y que absolutamente nadie, ninguna institución de gobierno, hizo algo para evitarlo”.
La diputada calificó la situación como una misoginia institucional y política, sostenida por un silencio cómplice. Lamentó que la izquierda, a su parecer, haya dejado de ser una ideología para convertirse en un mero mecanismo de acceso al poder.
Tambien, la diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlan, denunció la frivolidad de las discusiones actuales, en contraste con la urgencia de abordar temas fundamentales como la búsqueda de recursos extraordinarios para los afectados por huracanes.
“Parece que estamos en otro canal”, señalando cómo se están reuniendo para ejercer lo que considera violencia política institucional en lugar de atender las verdaderas necesidades de la ciudadanía.
La polémica suspensión de poderes en Zapotitlán Palmas no solo pone en tela de juicio la observancia de la ley por parte de las autoridades, sino que reaviva el debate sobre la violencia política de género y el rol de las instituciones en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito público.
En este sentido, Consorcio Oaxaca señaló que el Congreso, como garante de los derechos político-electorales de las mujeres, no puede ser una “legislatura de la paridad” si aprueba la desaparición de poderes en un municipio gobernado por una mujer que, además, ha sido víctima de violencia política con sentencias firmes.
La suspensión de poderes de Zapotitlán Palmas fue avalada con 35 votos a favor y cinco en contra, en esta medida, mientras que, con 40 votos a favor y cero en contra, se declaró procedente la revocación de mandato de José Longinos Martínez y Damián Reyes Longinos, Síndico Municipal y Regidor de Hacienda ambos del Municipio de Zapotitlán Palmas, Huajuapan, Oaxaca, electos para el periodo constitucional 2023-2025.
