La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la Recomendación 00/2025, tras acreditar violaciones a los derechos humanos a una vida libre de violencia y al acceso a la justicia en su modalidad de indebida procuración, atribuibles a personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y en agravio de una mujer indígena ayuuk, identificada con el seudónimo de Pijy
El 12 de octubre de 2022, la DDHPO investigación de oficio luego de que un medio de comunicación señaló que una persona del sexo femenino se hizo pasar por la víctima para otorgar el perdón al presunto responsable de una agresión sexual, lo que permitió que el Juez de Control revocara la orden de aprehensión por el delito de violación agravada.
Durante la investigación, la víctima declaró que en 2013 sufrió una agresión sexual y que, ante la falta de justicia, se vio obligada a salir de su comunidad. Años después, al revisar el expediente en la Fiscalía local de Matías Romero Avendaño, se percató de que otra mujer había usurpado su identidad, ocasionando el sobreseimiento de la causa penal.
El presunto responsable fue edil de la población de San Juan Mazatlán Mixe.
Con base en los hechos y las evidencias reunidas, la DDHPO concluyó que existieron graves omisiones en la actuación del personal ministerial, lo que vulneró los derechos fundamentales de la víctima y facilitó la impunidad.
Ante ello, esta Defensoría a través de la presente Recomendación solicita a la Fiscalía General del Estado coordinar con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas la inscripción de la agraviada en el Registro Estatal de Víctimas, y garantizar su acceso a medidas de ayuda, atención, y reparación integral del daño, incluyendo atención psicológica y una compensación justa, colaborar plenamente en la denuncia administrativa que esta Defensoría presentará ante su Visitaduría General.
En este orden, pide que se lleve a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en favor de la víctima, así como la implementación de un curso integral sobre derechos humanos, acceso a la justicia y perspectiva de género para su personal. Así también, recomienda emitir una circular dirigida a las y los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para fortalecer los mecanismos de verificación de identidad en las carpetas de investigación.
*Activista emite pronunciamiento*
Por su parte, tras hacerse pública la emisión de la recomendación el activista Joaquín Galván celebró la determinación y recordó que el acompañamiento a la víctima fue realizado tanto por él como por la activista hoy extinta Sandra Domínguez.
“En el año 2022, dimos a conocer a nivel nacional el caso de quien por seguridad decidimos nombrar como PIJY, mujer indígena ayuuk que en el año 2013 fue víctima de violación.
“La víctima presentó su denuncia, se liberó una orden de aprehensión contra su agresor que nunca se ejecutó, cuando PIJY acudió a la fiscalía y juez de control de Matías Romero en Oaxaca, para saber las razones por la cual su agresor nunca fue detenido, fue impactante enterarse de la respuesta del ministerio público y del juez de control de que ella se había presentado a solicitar la cancelación de la orden de aprehensión afirmando que incluso se había casado con el agresor”, relato Joaquín Galván en una misiva.
Indicó que Pijy recibió el acompañamiento de Sandra Domínguez y de él para investigar la situación “y darnos cuenta que la identidad de Pijy había sido suplantada por la actual pareja del agresor y que hubo una audiencia que no corroboró los criterios mas elementales y básicos para la acreditación de identidad de la víctima por parte del juzgado y del ministerio público dejando en impunidad al imputado.
“Ante esto, acompañamos a Pijy a abrir su denuncia por suplantación así como las quejas ante las instancias de derechos humanos como la DDHPO”.
Recientemente, el 31 de Octubre del año 2024, agregó, “el imputado Placido N (ex edil de San Juan Mazatlán Mixe), fue detenido junto a su esposa por el delito de suplantación de identidad y se continúa trabajando para que afronte también su proceso por violación contra la víctima.
“A su vez, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca retomó la investigación iniciada por la institución en el año 2022, concluyéndose finalmente la investigación con la acreditación de violaciones de derechos humanos contra la víctima de parte de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA encabezada en ese entonces por el ex fiscal Arturo Peimbert Calvo y que se extendió hasta la actualidad al haber existido responsabilidades institucionales ministeriales que generaron las condiciones para que el inédito caso de suplantación se constituyera”.
