La Corte Suprema de Argentina ratificó este martes la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco del caso ‘Vialidad’. La sentencia, que también incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se centra en irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz a empresas vinculadas a Lázaro Báez, un empresario cercano a Fernández y su fallecido esposo, Néstor Kirchner. La decisión marca un hito, ya que es la primera vez que una exvicepresidenta es condenada durante su mandato.
Por su edad, 72 años, Fernández es elegible para solicitar arresto domiciliario, una decisión que quedará en manos de un tribunal inferior. Sin embargo, la exmandataria no enfrentará prisión inmediata, ya que la sentencia no será efectiva hasta que se agoten todas las instancias de apelación, un proceso que podría extenderse por meses o años. Fernández, líder del Partido Justicialista, ha denunciado el caso como una persecución política y judicial, calificándolo de ‘lawfare’ destinado a proscribirla electoralmente.
El caso ‘Vialidad’ investigó el desvío de fondos públicos por un valor estimado de mil millones de dólares entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Los contratos, otorgados mayoritariamente a Báez, presentaban irregularidades en 51 licitaciones, según la fiscalía, que describió el esquema como ‘una de las mayores operaciones de corrupción’ en el país. Además de Fernández, el tribunal confirmó sentencias de seis años para Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exjefe de Vialidad Nacional Nelson Periotti, mientras que absolvió a otros acusados, como el exministro Julio De Vido.
El presidente Javier Milei, férreo opositor de Fernández, celebró la ratificación de la condena en redes sociales, afirmando que ‘sin ninguna duda, Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción’. Milei destacó que bajo su gobierno, la justicia argentina confirmó la sentencia y la inhabilitación perpetua, declarando que ‘la corrupción no tiene lugar en nuestra Argentina’. Sus comentarios han intensificado la polarización política, con sectores peronistas acusándolo de interferir en asuntos judiciales.
