El Congreso de Guanajuato rechazó la despenalización del aborto con 19 votos contra 17, archivando la iniciativa tras un empate 18-18 el 29 de mayo. El voto decisivo fue de la diputada Luz Itzel Mendo González del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien cambió su posición a última hora y se alineó con el PAN, provocando un estallido de indignación entre colectivas feministas presentes en el recinto. A gritos de ‘vendida’ y ‘traicionera’, las manifestantes condenaron su decisión, mientras grupos provida celebraban el resultado. Sin embargo, la controversia escaló cuando, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza, le entregó billetes a Mendo frente al pleno, diciendo: ‘Es poco, pero honesto’, un gesto que desató acusaciones de soborno.
El debate legislativo fue intenso desde las 08:00 horas, con feministas exigiendo aborto legal, seguro y gratuito, y grupos provida, movilizados por la iglesia católica, defendiendo la vida desde la concepción. La bancada de Morena, vestida de verde, y legisladores como Antonio Chaurand (‘La maternidad será deseada o no será’) apoyaron la iniciativa, mientras el PAN, respaldado por el PRI y ahora el PVEM, mantuvo su postura conservadora. La diputada panista Jared González argumentó que despenalizar desprotegería a las mujeres, y Mendo, al justificar su cambio, afirmó: ‘No soy ninguna vendida, lo hago con la frente en alto’.
Guanajuato, quinto lugar nacional en carpetas de investigación por aborto en 2025 con ocho casos en cuatro meses, sigue criminalizando a las mujeres, a pesar de la sentencia de la SCJN de 2021 que declara inconstitucional dicha penalización. Sandra Pedroza había advertido a las 10:55 que un amparo en trámite ante la Corte podría obligar al Congreso a despenalizar, pero el archivo de la iniciativa perpetúa la vulneración de los derechos reproductivos. La influencia del PAN y la iglesia, que organizó a feligreses desde comunidades como La Cañada, evidencia una manipulación político-religiosa que viola el Estado laico. Mientras las mujeres guanajuatenses enfrentan abortos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas, el Congreso prioriza agendas morales sobre derechos humanos, y las acusaciones de corrupción profundizan la desconfianza en un proceso legislativo que debería ser plural y democrático.
