Un Tribunal Federal rechazó un amparo solicitado por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, confirmando la absolución de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, por el secuestro de los estudiantes en septiembre de 2014. La decisión deja firme la sentencia absolutoria emitida inicialmente en septiembre de 2022 y ratificada en mayo de 2023 por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito en Matamoros, Tamaulipas. El fallo señala que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para vincular a Abarca con el caso, una resolución que ha generado indignación entre los familiares de las víctimas y activistas.
A pesar de la absolución en el caso Ayotzinapa, Abarca continuará recluido en el Penal del Altiplano, donde enfrenta múltiples cargos. Está procesado por lavado de dinero y delitos contra la salud, relacionados con presuntas operaciones de delincuencia organizada. Además, purga una sentencia de 20 años de prisión por el homicidio calificado de Justino Carbajal Salgado, su síndico durante su administración en Iguala, cometido el 8 de marzo de 2013, según informó la Fiscalía de Guerrero en abril de 2025. Esta condena se suma a otra de 92 años dictada en mayo de 2023 por el secuestro agravado de seis activistas de la Unidad Popular en 2013, entre ellos Arturo Hernández Cardona, lo que asegura que Abarca permanezca en prisión por décadas.
Los padres de los normalistas y sus representantes legales, como Vidulfo Rosales, han denunciado en el pasado que la resolución podría ser un acto de corrupción, insistiendo en que Abarca ordenó el ataque contra los estudiantes, según el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de 2022. Por otro lado, su defensa argumenta que las acusaciones fueron fabricadas y que no se ha demostrado su vínculo con Guerreros Unidos, el grupo criminal señalado en la desaparición. La FGR, que históricamente ha fallado en probar la existencia misma de Guerreros Unidos ante los tribunales, enfrenta ahora cuestionamientos sobre su capacidad para esclarecer uno de los casos más emblemáticos de México, mientras la impunidad y la desconfianza en las instituciones persisten.
