Al sistema de justicia de México no “le urge hacer justicia”, condenó la abogada y defensora de derechos humanos, Argelia Betanzos, quien, además, criticó que la Reforma Judicial no combatió las estructuras más injustas del área de procuración de justicia, como son las fiscalías.
Betanzos, quien lidera la defensa de 40 ciudadanos y ciudadanas originarios de Eloxochitlán de Flores Magón catalogados como presos y perseguidos políticos, afirmó que el sistema judicial mexicano es similar al del año 1900, antes de la Revolución.
En ese sentido, descartó que en el pasado los jueces federales y estatales hayan sido autónomos, como se sostuvo de manera reiterada durante los momentos previos y posteriores a la discusión de la reforma judicial.
Sin embargo, la activista también resaltó que con la reforma judicial ya aprobada, los juzgados tampoco serán autónomos, como se afirma, porque la dinámica real de la estructura de poder es crear leyes que desfavorezcan a las y los ciudadanos.
“La reforma judicial no está trastocando donde está mayormente el caso de injusticia. Los casos de injusticias se generan en nuestras localidades, en nuestros estados y no se está tocando ni a las fiscalías ni a los estados”, dijo.
“Nosotras decimos que la Reforma Judicial no nos espanta, pero sí nos entristece porque nosotras en Oaxaca, en el caso de la comunidad indígena de Eloxochitlán peleamos contra jueces locales que literalmente recibían llamadas telefónicas de las oficinas centrales del estado de Oaxaca para decidir nuestros asuntos.
“Y no del Tribunal sino del gobierno, y también del Tribunal, de sus jefes. Para nosotras es muy claro que al momento de juzgar casos de prisión política, ningún tribunal ni estatal ni federal es autónomo. Es mentira que hayan sido autónomos, es mentira que lo vayan a ser”, abundó.
Betanzos indicó que los activistas han luchado durante más de una década contra el sistema federal y estatal para que se reconozcan y se lleven a la práctica todas las garantías contempladas en la Constitución y que jueces y juezas se niegan a acatar por órdenes de los gobernantes.
Dijo que se enfocaba en los últimos 10 años de lucha, porque es desde la segunda década de los 2000 cuando la Carta Magna amplió el abanico de garantías humanas que debían ser respetadas por el poder.
“Más de 10 años de lucha nos deja claro que la dinámica de estado mexicano no se separa al momento de juzgar prisión política. Es una sola.
“El Poder Judicial recibe instrucciones del Poder Ejecutivo y se afirma del Congreso para que las leyes nos desfavorezcan”.
