La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y a la presidencia municipal de Salina Cruz reparen integralmente el daño a las víctimas indirectas de la joven Abigail Urrutia, quien murió en la cárcel municipal de Salina Cruz, otorgando compensación, atención psicológica, tanatológica y asesoría jurídica gratuita.
La asesoría jurídica, informó, para dar seguimiento a los procedimientos administrativos, civiles y penales considerados en su recomendación, además de colaborar con las investigaciones correspondientes e impartir cursos de formación especializada en materia de derechos humanos para evitar situaciones similares.
Así como exhortar al personal de ambas dependencias a llevar su actuación apegada a los principios de perspectiva de género, combate a la corrupción y máximo respeto a los derechos humanos.
La CNDH explicó que Abigail Urrutia fue detenida y conducida a los separos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Salina Cruz, Oaxaca, donde fue localizada sin vida tres horas después.
En la queja ante la CNDH se señaló que el 19 de agosto de 2022, la víctima fue detenida tras una discusión con su pareja. Durante su detención, un perito la diagnosticó con un trastorno neurológico, pero, en lugar de canalizarla a servicios médicos especializados, fue llevada ante el juez cívico y remitida a los separos, donde fue hallada sin vida tres horas después.
La investigación de la CNDH documentó violaciones a los derechos humanos de la víctima, específicamente a la seguridad jurídica, a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a la vida, además del incumplimiento del deber de cuidado por no ser canalizada oportunamente para recibir atención médica adecuada, a pesar de que las autoridades involucradas tenían pleno conocimiento de su condición de salud.
También se identificaron afectaciones a los derechos de siete personas, víctimas indirectas, quienes sufrieron presiones por parte de personas servidoras públicas y elementos de seguridad del municipio de Salina Cruz.
“Debido a estas presiones, los familiares se vieron obligados a trasladarse a otro estado de la República Mexicana, lo que afectó gravemente su proyecto de vida y, en particular, el interés superior de dos niños”.
La CNDH señaló que a pesar de que las autoridades locales sabían de los antecedentes de violencia familiar contra la víctima, no se investigó el caso bajo la perspectiva de género, tampoco se trató como un posible feminicidio ni se reconoció la violación a su derecho a vivir una vida libre de violencia.
Además, al momento de la detención no consideró la condición de salud de la víctima, las autoridades no la canalizaron a una institución o con un especialista en psicología o trabajo social, lo que agravó la situación.
“Es fundamental que las acciones preventivas y formativas en el servicio público se implementen de manera efectiva para combatir la corrupción y garantizar el respeto a los derechos humanos”.
El organismo puntualizó que estas acciones deben ir más allá de la mera aplicación de protocolos administrativos, incorporando un enfoque integral que incluya la perspectiva de género, la salud mental y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas.
“La capacitación continua del personal, tanto en el ámbito de la seguridad pública como en las áreas de salud y justicia, es crucial para evitar que hechos tan lamentables como el que se describe se repitan. Un servicio público comprometido con la protección de los derechos humanos no solo debe actuar con eficiencia y transparencia, sino también con empatía y sensibilidad, para asegurar que la atención y el trato a la ciudadanía sean justos y humanos”.
