De materializarse la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, México caerá en una dictadura igual o más grave que la que se vive actualmente en Venezuela, advirtió hoy la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández.
La lideresa sostuvo que el Poder Judicial es el único reducto de democracia y equilibrio que impera en el país.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya viene siendo el último eslabón del que dependemos para que México no caiga en una dictadura de dimensiones igual o mayor a Nicolás Maduro”, resaltó la ex diputada local y ex regidora de Oaxaca de Juárez.
Luego, reiteró que López Obrador es un émulo de Nicolás Maduro, mandatario venezolano.
“Sin un poder autónomo e independiente, nadie en México podrá defenderse de los actos arbitrarios de autoridad de todos los niveles. Ya no va a haber amparo; ya los actos se consumarán”, reiteró Woolrich Fernández.
La representante de Acción Nacional sostuvo que el poder bajo el control de una sola persona, derivará en que ésta determine quién debe ir y quién debe dejar la cárcel.
“Los meterán a la cárcel y los sacarán cuando quieran”, dijo.
Asimismo, rechazó que la liberación de criminales sea responsabilidad plena del Poder Judicial, como lo acusa el actual mandatario, pues lo que no se muestra ante la sociedad es que los ministerios públicos, que dependen de las fiscalías, incurren en múltiples actos de corrupción y de falta de capacitación, que integran averiguaciones y expedientes con fallas que impiden que los delitos que se les atribuyen a los procesados sean comprobados.
Woolrich sostuvo que el Poder Ejecutivo, si en verdad deseara mejorar la aplicación de justicia, reformaría las fiscalías estatales y federal.
De acuerdo con el Artículo 21 constitucional, subrayó, la seguridad pública es una responsabilidad que recae en el Poder Ejecutivo, lo que incluye el nombramiento de ministerios públicos y fiscales.
“(Son ellos) quienes tienen a su mando a peritos, policías, toda clase de medios para tipificar el delito cometido; señalar al delincuente y aportar todas las pruebas necesarias e indispensables para demostrar la responsabilidad del imputado y la prudencia de la judicialización del juicio.
“Pero si la carpeta de investigación no reúne los requisitos que la ley señala, la autoridad judicial ya sea estatal o federal estará obligada hacer lo que corresponde atendiendo la defensa de los derechos humanos que la repetida Constitución concede a todo implicado en observancia de la presunción de inocencia”, resaltó la ex jueza del fuero común.
La dirigenta blanquiazul señaló que como representante del Poder Judicial de Oaxaca pudo constatar las omisiones cometidas por el Ministerio Público.
