La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Fiscalía del Estado deben instaurar de manera urgente una mesa de coordinación para frenar el incremento desproporcionado de la violencia feminicida, que entre diciembre y marzo ha dejado 46 víctimas, sentenció el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GesMujer).
El hecho de que la entidad actualmente figure en segundo lugar nacional como la más violenta para el sector femenino, con un incremento de 139 por ciento en el número de asesinatos de mujeres, es reflejo de que los funcionarios públicos de la actual administración no están cumpliendo con su deber, condenó la presidenta del organismo, María del Rosario Martínez Miguel.
“No ha habido una respuesta, no han habido acciones concretas para poder trabajar en ello, y específicamente, justo el municipio de Oaxaca de Juárez, en Valles Centrales, es el que está ocupando el primer lugar”.
–¿Qué está dejando de hacer la autoridad?
–Su trabajo. Para empezar es hacer su trabajo y de verdad dar una respuesta efectiva a las mujeres que son víctimas de feminicidio, a sus familiares, a sus hijas, a sus hijos, porque pareciera que matar a una mujer en Oaxaca no es grave, pareciera que no pasa nada si alguien lo hace. Las autoridades deben dar respuesta y demostrar que sí pasa, que es un delito grave de las mujeres y que nadie puede atentar contra la vida de las mujeres… no hay resultados en en ese tema”.
Ante el nombramiento de Elizabeth Lara Rodríguez como defensora de derechos humanos, la activista pidió a la funcionaria abocarse en implementar medidas que visibilicen y frenen la actual ola de vilencia contra el sector femenino.
En ese sentido, indistintamente de la corriente política con la que se identifique la nueva titular de la DDHPO, quien en su momento fue apoyada por el sacerdote morenista Alejandro Solalinde Guerra para llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la presidenta de GesMujer pidió a Lara asumir la responsabilidad de defender los derechos humanos indistintamente de colores partidistas.
“Al ser una funcionaria pública ya tiene una obligatoriedad y una exigencia para cumplir con los compromisos que está adquiriendo y que mandata el estado mexicano a partir de los tratados internacionales que se han suscrito. Independientemente de cercanía o no, ella ha adquirido una responsabilidad con el pueblo de México, con la población oaxaqueña”.
A pesar de ello, resaltó que la llegada de una mujer al puesto, es benéfico para las estructuras del Estado.