El control para el otorgamiento de fiats notariales continuará en manos del Poder Ejecutivo, como se establece en la Ley Notarial que data de hace casi 30 años, la cual solo ha sido reformada en cuatro ocasiones.
Las modificaciones planteadas por la parlamentaria de Morena en la LXV Legislatura, únicamente establece procesos de selección más transparentes y sanciones en caso de hacer mal uso de sus fiats.
En este caso, se busca que quien sea beneficiado con estos permisos no incurra en prácticas del “Cártel del Despojo”; es decir, falsificación de documentos notariales y otras para hacerse de bienes inmuebles.
En caso de que se caiga en dichas prácticas, las fiats les serán retiradas e inhabilitados.
Sin embargo, y de acuerdo al propio planteamiento, el control para el otorgamiento de las fiats será responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Pese a que la reforma ha sido vista por algunos con buenos ojos, en ella no se plantea un tabulador de cobros, como lo estableció en su momento el diputado del PAN Leonardo Díaz Jiménez.
El legislador señaló en su momento que se requería de un método de elegibilidad que sea transparente y sobre todo que quien aspire a una fiat notarial cumpla con los requisitos que marca la ley.
Con la iniciativa del panista se pretendía impulsar una nueva ley notarial para frenar la distribución de patentes entre amigos y familiares en cada fin de sexenio de gobernantes en turno.
Esta nueva norma pretende también que las fiats notariales sean heredadas, por fallecimiento o en su defecto, ofertarlas económicamente.