En 49 días de 2022, cinco periodistas han sido asesinados en diferentes entidades de México. En lo que va de este sexenio suman 30 homicidios de comunicadores y comunicadoras.
El resquemor hacia la labor periodística desde instancias oficiales ha sido una acción que ha pasado por diversas administraciones, pero ¿por qué esta incidencia?
Comunicadoras y comunicadores enfrentan dificultades día a día para ejercer su labor periodística.
“En provincia, las condiciones laborales son muy precarias; yo ganaba en 2006, cuando llegué a Diario de Coahuila, cuatro mil pesos mensuales; además, cuando tienes algún problema legal con algún irritado entrevistado, te dejan solo (personal del periódico); es decir, no hay las condiciones ni para ejercer con libertad de expresión ni para que tengas protección, algo que quizá marca la gran diferencia con colegas de la CDMX”, cuenta a Once Noticias la periodista de Coahuila “Mary P”, quien decidió guardar su anonimato.
Señala que hay temas que a los gobiernos locales no les gusta que se hablen.
“Entre esos conflictos está, y lo sabemos los periodistas, es la relación entre la comunidad narco y los altos mandos. Si tú te atreves a meterte con ellos, dando o difundiendo información, cuidado”, indica.
Recuento de los daños
Aunque se habla insistentemente de las muertes de este sexenio, recordemos que hay otras, que han dejado huella de sangre en el periodismo. Como ejemplo, está el asesinato de Javier Valdez, fundador de Ríodoce en su natal Culiacán, en mayo de 2017.
“Donde yo trabajo, Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, es peligroso estar vivo, y hacer periodismo, es caminar sobre una línea invisible trazada por los malos, que están en el narcotráfico y en el gobierno, en un campo sembrado de explosivos; esto es lo que la mayoría del país vive. Uno debe protegerse de todo y de todos, y no parece haber opciones ni salvación, y a menudo no hay nadie a quien acudir”, dijo Javier Valdez, al recibir un premio en el hotel Waldorf-Astoria de Nueva York, en 2011.
Otra periodista, Miroslava Breach, originaria de Chihuahua y que se desempeñaba como corresponsal de La Jornada murió dos meses antes que Javier. La mayoría de sus publicaciones se referían a casos de corrupción política, abusos de derechos humanos, agresiones a comunidades indígenas y violencia de carteles de narcotráfico.
Influencia del odio político desde antaño
Y uno más antiguo, pero no menos importante fue el de Héctor “El Gato Félix” Miranda, cofundador, junto con el también fallecido (por cáncer de estómago) Jesús Blancornelas en 1980 del semanario Zeta. Héctor era sinaloense, pero se destacó por informar sobre política y el crimen organizado en el estado de Baja California, específicamente en Tijuana, lugar donde vivió y trabajó durante muchos años.
Este caso sigue causando indignación. Félix Miranda tenía en el semanario una columna titulada “Un poco de algo”, en la que escribía sobre el gobierno local, a cargo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a sus funcionarios.
La mañana del 20 de abril de 1988 fue emboscado por dos vehículos, uno de ellos le cerró el paso, mientras que, desde el otro vehículo, le dispararon. Los asesinos fueron identificados como Victoriano Medina y Antonio Vera Palestina, quienes eran trabajadores de Hank Rhon. Fueron encontrados culpables del asesinato. Ambos cumplieron su condena en 2015.
En 2006, Humberto Moreira Valdés, quien era gobernador de Coahuila, mostraba su diferencia a los cuestionamientos de la prensa.
“A mí no me preguntes eso, porque yo sí me los chingo”, así se expresó al tomar el brazo de un reportero.
Su hermano Rubén Moreira, actual presidente de la Junta de la Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), también arremetía contra periodistas que hablaran de su familia, con un “yo los meto a la cárcel, porque soy abogado”.
Las diferencias escalaron con el rotativo Reforma. Su filial en ese estado, el otrora diario Palabra cerró por dos cuestiones: presiones del narco y falta de recursos económicos.
¿Gobernantes contra la prensa?
Aquí tenemos otro ejemplo: el mismo exgobernador coahuilense con el periodista Sergio Aguayo. Humberto Moreira presentó en 2016 una denuncia contra el también académico, a fin de frenar una investigación sobre delitos ocurridos durante su gestión.
“Tengo una hipótesis de trabajo: quiere intimidarme y desgastarme porque estoy dirigiendo, desde El Colegio de México, una investigación sobre la masacre de Allende, Coahuila, de 2011, (Los Zetas desaparecieron en ese y otros municipios a un número indeterminado de personas: el número más mencionado son 300). Él (Moreira) era gobernador en ese momento”, indicó el periodista a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter de esa fecha.
Otro ejemplo más claro de la irritación que genera en los gobiernos el trabajo periodístico,
Recientemente se suscitó el asesinato de Lourdes Maldonado, el 23 de enero de 2022. La periodista sostenía un pleito legal contra el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Hasta el momento, autoridades deslindan algún vínculo con el homicidio.
Ese resquemor avenido de altas esferas del poder está relacionada con la denuncia misma de los comunicadores. El ejercicio aquí expuesto, se pone sobre la mesa, junto con testimonios, para dejarlo a criterio del público.
Análisis de ese comportamiento
Para hablar del perfil psicológico de la persona que lleva su rencor a otros extremos, Once Noticias también charló con Javier Lazarín Guillén, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, quien asegura que, este resquemor u odio, como se le llama de una manera tradicional, es fruto de las emociones.
“Y las emociones son parte de la condición humana. Y, al ser parte de éstas, tienen que ver con un contexto, una condición, que la mayoría de las veces es subjetiva y que, por ser subjetiva, además de emocional, es una cuestión social relacionada con las condiciones del entorno, porque el odio se sitúa en un persona, comunidad, objeto, grupo o animal”, explica.
Es ese panorama que dibuja a los periodistas como enemigos. “En México, en el caso de la prensa, los comunicadores, desde por lo menos el porfiriato hasta la era actual, son vistos de manera subjetiva como enemigos, como denunciantes, provocadores, pertenecientes a un grupo salvo si están realizando su labor comunicativa desde la agenda; son mal vistos y -por ende- odiados. Ahí hay relación con lo que les sucede”, asevera.
El consejo que el investigador de la UNAM daría a las autoridades para enfrentar la problemática y, en cierta medida, dar una solución, es hacer modificaciones a las Políticas Públicas.
“Yo recomendaría, sobre todo, desde una perspectiva de grupo de ideas lo que, comunicadores y sociólogos previos a nosotros ya vislumbraban. Estoy pensando en don Guillermo Orozco, comunicador mexicano que nos dejaba en claro que, a diferencia del siglo XX, todas las Políticas Públicas, generadoras de cambio o de posicionamiento social y reconocimiento, emanaban del Estado”.
Declaró que la sociedad civil e instituciones tienen un peso clave que requieren de propuestas, ya que “informar es un derecho humano que debemos reconocer y que va más allá de una cuestión de legalidad”.
Lazarín Guillén acepta que es complejo hablar de libertad de expresión.
“Nos recuerda la tesis de Ryszard Kapuscinski (periodista polaco), quien fue uno de los periodistas más importante del siglo XX y parte del XXI, que decía que la única manera de propiciar el encuentro, era romper el muro, no permitir ser violentado y buscar el diálogo y creo que aquí no se está fomentando el diálogo, sino el miedo”, acota.
Convocó al diálogo para que se vuelva parte de las Políticas Públicas.
