Diputados y diputada integrante de la comisión permanente de Bienestar y Fomento Cooperativo, afirmaron que recientemente se reunieron con funcionarios estatales y federales, debido a que 5 mil 142 personas defraudadas de cajas de ahorro siguen en espera de la entrega de apoyos a través del Fideicomiso Pago (Fipago).
Saúl Cruz Jiménez, Pavel Meléndez y Griselda Sosa, expresaron que a la reunión asistieron luego de la convocatoria que hizo en recientes días la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), Yolanda Martínez López, pero también estuvieron presentes representantes del Fideicomiso Pago (Fipago), José Ricardo Álvarez Juárez y José Antonio Jiménez de la Peña y la directora adjunta de ahorro y regularización financiera, Mónica Brenda Villareal Medel.
El diputado Saúl Cruz destacó que dentro del presupuesto para el ejercicio fiscal de este año, las y los diputados de la 64 legislatura local aprobaron 24 millones de pesos al estado para pagos a personas defraudadas de cajas de ahorro, dentro de los paquetes 5 y 6.
Mencionó que les fue informado que la dinámica para el pago siguiente, es apoyar a 5 mil 142 personas, de un total de 11,121, que fueron defraudadas desde 1 hasta 40 mil pesos, por lo que es importante que de estos paquetes que vienen se apoye a un número importante pero faltan muchos más.
A su vez, el diputado Pável Meléndez expresó que es importante que se agilicen los pagos, porque para ello el congreso aprobó 24 millones de pesos, de los cuales 23 de irán de forma directa a los apoyos y 1 millón de pesos más para auditorías que se deben a hacer a cajas de ahorro.
Indicó que las familias más dañadas con estos megafraudes cometidos hace varios años, son las que menos posibilidades tienen para salir adelante, mismas que perdieron prácticamente todo su patrimonio y de las cuales, algunos de sus integrantes, ahorradores, han muerto esperando que se les haga justicia.
Finalmente, la diputada Griselda Sosa agregó que del 100 por ciento de lo ahorrado, el 30 por ciento le toca asumir a las propias personas defraudadas y el 70 por ciento al Fideicomiso Pago y Gobierno del Estado.
