La Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado suma más de 30 procesos de revocación de concesiones de vehículos del transporte público utilizados para otros fines distintos para los que están destinados, informó la titular de la dependencia, Mariana Nassar Piñeyro.
Señaló que mientras las unidades sean legales, pueden iniciarse estos procesos, y cuando además se detecta que son utilizados para la comisión de uno o varios delitos, se da parte a la Fiscalía General del Estado con la que hay una estrecha coordinación.
Mencionó que la Fiscalía es la facultada para ejecutar acción penal contra él o los responsables de la concesión e incluso aplicar la extinción de dominio del vehículo, todo depende también de las pruebas con las que se cuente para comprobar que efectivamente se usó para otros fines.
“Estamos coordinadas ambas dependencias porque los procesos no son sencillos, hay una historia en Oaxaca en la que nunca se ha revocado una concesión, pues porque es fácil que si las pruebas no son las suficientes la acción administrativa o penal no proceda”, Estado.
La funcionaria indicó que otro de los problemas que se tiene, cuando una unidad es utilizada para bloqueos u otras acciones radicales de organizaciones o sindicatos, es que hay muchas unidades que aún se encuentran en la ilegalidad, y en ese caso la Semovi no tiene facultades para actuar, es la ciudadanía la que debe denunciar ante las instancias de procuración de justicia.
Cabe señalar que en las últimas semanas unidades del servicio de transporte público en su modalidad de mototaxis o taxis colectivos, así como de acarreo de material, se han utilizado por sindicatos que se han enfrentado por la disputa de espacios u obra pública, dejando como saldo personas muertas y heridas