Habitantes de la agencia de San Juan Luvina acusaron a las autoridades de San Pablo Macuiltianguis, en la Sierra Norte, de justificar con presuntos documentos apócrifos el “despojo” de 2.8 millones de pesos que le corresponde a la demarcación por concepto de Ramo 33.
Representantes de la comunidad inconforme afirmaron que el edil de Macuiltianguis, Jorge Mauro García Ruiz, ha incurrido en desvío de recursos, por lo que la disputa legal por acceder a las Aportaciones federales que les corresponden seguirá su curso, junto con la protesta que comenzaron el lunes pasado.
Esta tarde, una representación de Luvina ingresó a Palacio de Gobierno para sostener una nueva mesa de negociación con autoridades estatales y de su cabecera municipal.
A través de un pronunciamiento, los habitantes de San Juan Luvina manifestaron que este miércoles, el bloqueo que instauraron sobre la carretera federal 175, continúa vigente.
Sobre la cancelación de los 2.8 millones de pesos que le corresponden a la población, reiteraron que “la autoridad de la cabecera municipal basó su decisión en una certificación falsa emitida por la Secretaría Municipal sobre hechos inexistentes”.
En ese sentido, denunciaron que con un documento ilegal se convocó de manera exprés al Consejo de Desarrollo Municipal para que, en menos de 72 horas, rescindiera el contrato y cancelara la obra pública de San Juan Luvina.
Explicaron que los recursos revocados presuntamente ilegalmente ascienden a 2 millones 273 mil pesos del Fondo III y 548 mil 823 mil pesos del Fondo 4.
“Este presupuesto corresponde legítimamente al 54.43 por ciento de la población de la agencia municipal, porcentaje ya reconocido y dictaminado a nuestro favor por la Sala Unitaria Especializada en Controversias Administrativas entre Municipios y sus Agencias el pasado 11 de mayo de 2026, fondos que ahora pretenden reasignar a obras en la cabecera municipal”, explicó.
“La asignación y administración directa de nuestros recursos no es una concesión, un favor o un privilegio de la cabecera municipal; es un derecho constitucional consagrado en el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, reiteraron.
Subrayaron que la Asamblea Comunitaria externó su confianza en que la reunión convocada para el día de hoy por el Gobierno del Estado de Oaxaca tenga como único fin encontrar una solución verdadera y vinculante a nuestras legítimas demandas, y no se convierta en una mesa de simulación.