Un total de 14 agrupaciones de la sociedad civil demandaron a la Secretaría de Medio Ambiente de Oaxaca denegar la evaluación de un nuevo proyecto de extracción de material pétreo en el Cerro La Llovizna, ubicado en Unión Hidalgo, en la región del Istmo de Tehuantepec.
Los activistas acusaron que la Cooperativa Cruz Azul Laguna y la minera Riverside Resources se han visto beneficiadas con la extracción del material y han causado un daño ambiental acumulado, además de que es potestad del gobierno federal otorgar tales permisos.
En un comunicado, acusaron a la Secretaría del Medio Ambiente estatal de incurrir en diversas omisiones al momento de resguardar aquel bien natural.
Recordó que la Secretaría de Medio Ambiente de Oaxaca otorgó una autorización en materia de impacto ambiental el 20 de diciembre de 2020 (oficio DIRA/1864/2020) para la extracción de 40 mil metros cúbicos de materiales pétreos.
Sin embargo, durante 2021, se rebasó la cantidad autorizada y, a pesar de ello, la Secretaría de Medio Ambiente, en vez de contener el daño, ajustó a favor de los beneficiarios las cifras imensales reportadas.
A ello se suma que en 2022, el empresariado empleó cerca de una tonelada de explosivos en el Cerro La Llovizna sin autorización ambiental.
Sin embargo, “La Secretaría de Medio Ambiente lo supo, no hizo nada”.
Agregó que en el primer semestre de 2022, la Cooperativa Cruz Azul Lagunas, generó órdenes de compra por 10 mil 500 toneladas de hematita, las cuales fueron surtidas por quien fue identificado como Leonardo Triay Cisneros desde el banco en cuestión sin autorización ambiental.
“Defensores de Unión Hidalgo establecieron desde entonces comunicación con la Secretaría; sin embargo, esta no emprendió ninguna acción al respecto”, indicaron.
El 21 de octubre de 2022, la Secretaría de Medio Ambiente de Oaxaca otorgó una modificación y revalidación de la resolución en materia de impacto ambiental 113/2020.
Lo anterior, no obstante, “fue ilegal por las siguientes razones: había vencido el plazo para solicitar la revalidación, se incumplieron las condicionantes, la legislación no permite ocupar el vaso de una ciénega y el empleo de explosivos exigía un nuevo estudio.
“Pero, sobre todo, ya se había extraído la cantidad autorizada desde el año 2021”, recriminaron.
Agregaron que el 22 de mayo de 2023, Cementos Cruz Azul S.A., emitió una orden de compra por 100 mil toneladas de hematita, cuyo suministro se realiza desde el banco el Eustaquio.
“Esta orden constata que el volumen del material previsto para su extracción superaba hasta tres veces el volumen autorizado”.
No obstante, a pesar de ello, la Secretaría de Medio Ambiente no actuó en consecuencia para impedir la extracción.
“En octubre de 2023, coincidiendo con el vencimiento de la revalidación correspondiente, apareció en el expediente del Banco una supuesta prórroga cuya autenticidad se cuestiona, mediante la cual se pretendía dar continuidad a la extracción del material. La extracción únicamente fue detenida a partir de la realización de una huelga de hambre”, resaltaron los activistas.
