El ambicioso proyecto de salud del gobernador Salomón Jara Cruz ha sufrido un duro revés debido a la inoperancia de Vilma Martínez Cortés, cuya gestión ha sido señalada por la incapacidad de mantener a flote las Farmacias Bienestar.
A pesar del presupuesto inicial de 156 millones de pesos destinados a fortalecer la atención médica en el estado, Martínez Cortés admitió finalmente que el programa se encuentra en un proceso de desmantelamiento y sustitución, al justificar el cierre de sucursales bajo el argumento de que no existía la demanda esperada por parte de la población oaxaqueña.
La falta de pericia operativa de la funcionaria se tradujo esta semana en escenas de caos y desesperación en diversas localidades de Oaxaca.
En puntos estratégicos como la colonia Monte Albán y el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, los usuarios se toparon con cierres repentinos y desalojos arbitrarios.
Sin notificaciones oficiales y mediante el uso de candados, el servicio fue suspendido de tajo, dejando a pacientes de escasos recursos en la calle y sin acceso a los medicamentos que el programa prometía garantizar como pilar de la “Primavera Oaxaqueña”.
El fracaso de Martínez Cortés no solo ha afectado el acceso a la salud, sino que ha generado un foco de inestabilidad laboral.
Trabajadores de las farmacias denunciaron despidos fulminantes realizados en el acto, sin diálogo previo ni claridad sobre sus derechos, mientras observaban cómo se desmantelaba la infraestructura que debía atender a 130 mil beneficiarios.
La respuesta de la funcionaria ha sido proponer “caravanas territoriales” como paliativo, una medida que los críticos y ciudadanos califican como una salida desesperada ante la imposibilidad de administrar establecimientos fijos de manera eficiente.
La indignación social ha crecido en comunidades, donde se señala que a Vilma Martínez le quedó grande la responsabilidad de operar un programa que prometía ayudar a los más vulnerables.
La admisión de que “no había demanda” ha sido recibida con dudas por la población, que por meses denunció el desabasto y la falta de gestión en los locales.
Hoy, el cierre de estas farmacias representa un golpe directo al patrimonio del estado y una promesa incumplida que deja a los sectores más vulnerables sin la atención médica integral que se les garantizó al inicio del sexenio.